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En ese cónclave, que contó con la presencia de representantes de las trece filiales que integran AJER, se efectuó “un exhaustivo debate sobre la cuestión salarial, sobre la base de la preocupación existente por encontrarse a dos meses de la finalización de la Ley 9.538, —ya que mediante la misma se habría acordado en los hechos y en beneficio del conjunto de todos los entrerrianos una suspensión de la vigencia del sistema salarial dispuesto por Ley 8.654 y que significó durante ese período una rebaja salarial para todo el Poder Judicial-, sin que el Ejecutivo demuestre a la fecha que respetará los haberes vigentes a diciembre de 2003”.

AJER dice que no ha visto voluntad oficial de encontrar una solución, y en vez de eso “el propio Gobernador, y algunos legisladores efectuaron una verdadera avanzada mediática contra el Poder Judicial montada sobre la base de algo tan sensible a la sociedad como lo es la inseguridad, introduciendo dentro de tal temática el sistema salarial que en nada se compadece con esa problemática”. En ese marco, el plenario de delegados del gremio judicial resolvió “mantener el estado de alerta y movilización iniciado en el mes de diciembre del año 2003 en defensa de nuestro salario”.