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Observan que esa “situación de colapso” reflejada nueve años atrás “se ha visto agravada severamente con el incremento cuantitativo y cualitativo del volumen de ingreso anual de causas penales en los seis juzgados de Instrucción existentes desde 1992 en Paraná, que casi se ha triplicado a la fecha, a lo que se le suman hechos de significativa mayor complejidad y violencia, en los que la sociedad exige respuestas que el sistema no se encuentra preparado para ofrecer con la celeridad, precisión e infalibilidad requeridas”.

Indicaron que a ello “se le suma además la inusitada distorsión funcional ocasionada por la necesidad de conocer y decidir tempestivamente millares de acciones de amparo y ejecución tramitadas ante sus estrados en los últimos dos años”.

Este cuadro, aseguran los magistrados, los coloca frente a una “evidente imposibilidad material de atender ese cúmulo de tareas con la exactitud, minuciosidad y puntualidad que demanda la alta responsabilidad” de sus cargos, ubicándose “en riesgo cierto de incurrir en errores de consecuencias eventualmente irreparables” y siendo “objeto permanente de los reclamos de los diversos sectores de la comunidad”.

Reprochan aquí que los reclamos provengan también “de los mismos poderes políticos” que “nunca atendieron” sus necesidades, “como si los organismos a su cargo fueren los suficientes para responder a tal demanda y estuvieren dotados de los procedimientos y elementos técnicos, humanos y materiales mínimamente suficientes e idóneos para ello, responsabilizando ligeramente a sus titulares ante la producción de hechos conmocionantes o frente al fracaso de su investigación y esclarecimiento”.

Recordaron que “en la primera denuncia de la situación de colapso del fuero, formulada en 1995, se interesó ya como imprescindible la creación de dos juzgados de Instrucción más para la ciudad de Paraná, lo que viene solicitando el STJ desde entonces y cada vez que tiene oportunidad de hacerlo”. Se acotó que ello fue siempre incorporado a “cada anteproyecto de Presupuesto anual para el Poder Judicial, adicionándosele los pedidos de creación de un Juzgado de Instrucción especializado en materia penal-económica, dos Fiscalías más, dos Defensorías de Pobres y Menores y una única Cámara de Acusación y Apelaciones, con competencia en todo el territorio provincial”.

Reiteran el reclamo de “nuevos organismos, procedimientos más eficaces y acordes a las circunstancias; la implementación de la Policía Judicial, mayor dotación de personal” y mecanismos de capacitación para cada uno de los sectores del Poder Judicial. Exigen también “acceso a las vías informáticas de comunicación, la creación de organismos específicos dotados con personal técnico especializado para trabajar en causas complejas de materia penal-económico, la búsqueda de soluciones alternativas para el problema carcelario —cuyo sistema provincial también se encuentra sobrepasado en su capacidad de respuesta—, la habilitación de institutos adecuados para la atención de la salud de las personas privadas de su libertad”.

Los miembros del STJ le expresaron el “íntegro apoyo” a lo reclamado y se comprometieron a buscar soluciones “prácticas, idóneas y conducentes” ante el poder político que también fue notificado en misivas dirigidas al gobernador Jorge Busti; al vicegobernador Pedro Guastavino y al presidente de la Cámara de Diputados, Orlando Engelmann.