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A su vez, señaló: "Anunciar el necesario equipamiento de la policía como respuesta casi excluyente al tema de la seguridad indica que no hay disposición a responder a la complejidad del problema. Lejos de ello, en lugar de prestarle atención, se opta por minimizar la denuncia de los ciudadanos de Gualeguay que señala la connivencia entre los delincuentes que asesinaron al joven Carboni y el poder político del municipio, cuando los hechos ocurrieron en el Barrio El Molino, controlado íntegramente por punteros del intendente y al que no puede ingresar nadie que no éste ligado a su poder político”.

Además, la diputada manifestó que “en lugar de intentar disimular la situación, el Gobierno debería hacerse cargo de que en las ciudades de la Provincia se liberan zonas para que actúen narcotraficantes y delincuentes, con evidente connivencia de la policía o amparo notorio del poder político”.

Al respecto, Grimalt detalló: “Existen aguantaderos conocidos que funcionan a luz del día con despliegue de armas sin que nadie haga nada, o que cerca del puerto de Diamante funciona un atracadero clandestino para narcos y contrabandistas, denunciado por los vecinos de la zona que ven despliegues de camionetas custodiadas por civiles con armas largas. Nada de esto se soluciona simplemente comprando chalecos y patrulleros, sino que se requiere consensuar e implementar una firme política de estado que le apunte a la corrupción, a las mafias, al financiamiento ilegal y al delito organizado", concluyó.