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De esta manera el primer mandatario provincial se sumó a la lucha de los vecinos autoconvocados y fijó su posición contraria a la instalación de la empresa. Dijo que “intimará a la comisión administradora del Río Uruguay (CARU) para que dictamine en un plazo de 15 días, y luego solicitar una audiencia con el canciller argentino”.

El gobernador Jorge Busti junto al vice gobernador, Pedro Guastavino y el embajador de Asuntos Ambientales Internacionales de la Chancillería Argentina, Raúl Estrada Oyuela, participaron de una extensa reunión con los grupo de vecinos autoconvocados que manifiestan un ferviente rechazo a la instalación de la planta de celulosa, perteneciente al grupo empresario ENCE, en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos , República Oriental del Uruguay. También estuvieron presentes el intendente local, Daniel Irigoyen y el diputado provincial Juan José Bahillo.

En su exposición, el funcionario nacional dio a conocer la posición que tomaría la Cancillería ante el tema, en donde “intentaremos persuadir al gobierno de la República Oriental del Uruguay para que el proyecto se realice procurando las mejores condiciones para ambos países”. Remarcó los lazos históricos que nos unen al país vecino, y apostó a “buscar los resultados a través del diálogo con los funcionarios que tienen a cargo la implementación de la planta en el Uruguay”.

Acciones concretas

Por su parte, el primer mandatario provincial aprovechó el encuentro para anunciar las acciones concretas que realizará el gobierno provincial en absoluta oposición a la instalación de la planta.

Las acciones que propuso el mandatario fueron “intimar a la comisión administradora del Río Uruguay (CARU) para que dictamine, en un plazo perentorio, sobre el impacto ambiental que produce la instalación de la planta”. Si existen trabas en el movimiento de la CARU, Busti dijo que propondrá que sea la delegación argentina la que produzca un dictamen y lo haga público.

Señaló que “con el dictamen en mano vamos a solicitar una audiencia con el canciller de la República Argentina, para plantear el tema en el más alto nivel”. También propuso “una fuerte adhesión a la presentación realizada por un fiscal uruguayo, donde realiza una tarea solitaria en contra de la instalación de la planta.

En tanto, “como gobierno provincial y con los antecedentes con los que contamos vamos a estudiar una acción de posibles daños y perjuicios”, ya que se debe hacer valer los derechos, “porque si nosotros vamos a ser los perjudicados, no podemos quedarnos de brazos cruzados”.

Argumentos

Busti basó su toma de posición en dos cuestiones fundamentales expuestas durante la reunión, en donde puso de manifiesto su posición contraria a la instalación de las represas sobre los ríos de la provincia, ya que “en Entre Ríos tenemos experiencia en este tema”, aclaró. En este sentido, recordó la proyección de la represa de Salto Grande, en 1946, bajo “dos objetivos planteados, la integración binacional, y el desarrollo regional para el riego, la navegación, producción de agua potable y la generación de energía”.

Recordó que “si bien se comenzó a construir en la democracia, en 1974, tras el suceso de la dictadura militar, esos objetivos fueron avasallados y la represa se terminó de construir en el año 1979, transformándose en una simple generadora de energía, que ha costado muchos daños, por la construcción y funcionamiento”.

El mandatario acusó el perjuicio causado a la costa del río Uruguay al señalar que “la represa no regula caudal e indudablemente puede mitigar una inundación cuando ésta proviene de las altas cuencas, pero en el caso que llueva en la cuenca inmediata, lo único que puede hacer la represa, es largar el agua”, con lo cual “se provocan inundaciones en las costas del río, ya que debajo de la represa, a 15 km, se encuentran seres humanos que se inundan y costas que se erosionan”, manifestó.

También el mandatario recordó la defensa que realizó la provincia a la instalación de la represa Paraná Medio, donde “Entre Ríos fue la única provincia que se opuso tenazmente, sumándose a toda la comunidad y fuerzas políticas, con lo que se impidió la instalación y se dictó la avanzada legislación en donde se prohíben la instalaciones de represas en los ríos Paraná y Uruguay”.

Tras este repaso, el gobernador se sumó a la defensa de los recursos entrerrianos y a evitar todo perjuicio para los seres humanos, que enarbolan la posición de lucha del grupo de autoconvocados.

De lo expuesto en el debate, Busti subrayó los malos antecedentes empresarios de ENCE, que fueron expuestos por ciudadanos de la ciudad de Fray Bentos, y la falta de recursos técnicos y humanos que presenta el DINAMA para efectuar un estudio ambiental como corresponde. También dio importancia a las consecuencias expuestas sobre problemas de salud, por lo que se sumó a la consigna de los grupos de “parar ante que tener que reparar”.

Otro elemento que Busti calificó de “impactante” fueron los relatos de un equipo que viajó a Ponte Vedra (España), en donde se viven las consecuencias tremendas tras la instalación de esta fábrica”.