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El farmacéutico –identificado como Rodolfo Mario Domínguez- es propietario del negocio ubicado en Santa Fe al 100 de Paraná y el mismo accionó contra la determinación adoptada en 2001 por la ex titular de del IOSPER, Silvia Degano, que en el marco de la resolución 235, de septiembre de ese año, declaró a la población de casi un cuarto de millón de afiliados en “estado de riesgo sanitario” y declaró al organismo en situación de “crisis financiera”, lo que derivó en el establecimiento de una drástica disminución de prestaciones con la consecuente rescisión de convenios prestacionales.

Esa medida de excepción, que todavía hoy se mantiene vigente en virtud de sucesivas prórrogas, la última de las cuales vence a fin de mes, derivó en la extinción del convenio prestacional vigente en ese momento para la cobertura de medicamentos con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, la Cámara Entrerriana de Farmacias y la Asociación de Farmacias Sociales de Entre Ríos, y que involucró una cifra de 3,9 millones de pesos.

Según contó ayer una fuente del IOSPER consultada por El Diario, “las cámaras de prestadores resolvieron ceder a sus afiliados, en este caso las farmacias, la potestad para reclamar a la obra social por la finalización de los convenios, y es así como la Farmacia Hernández inició una causa que ahora terminó en este embargo sobre las cuentas decidido por un juez. Si esto sigue así, en poco tiempo más vamos a tener más embargos, porque hay más farmacias que han iniciado juicios”.

El oficio número 5.014 del Juzgado de Coglionesse llegó a mediados de diciembre último a la Contaduría General de la Provincia, y de allí fue derivado a la Tesorería General de la Provincia, con la indicación de que “el mencionado embargo asciende a la suma de 285.180,01 pesos, más la suma de 142.600 pesos, estimada provisoriamente para cubrir intereses y costas, importes que deberán depositarse a la orden del Juzgado y como pertenecientes a dicho juicio en el Nuevo Banco de Entre Ríos (BERSA)”.

Quizá porque el trámite de embargo derivó de la Justicia a la Contaduría General es que ayer en el Iosper no había información oficial sobre el particular. “No tengo conocimiento de ese embargo”, respondió el titular a cargo de la obra social, Marcelo Varrone. Igual respuesta se obtuvo del responsable del área legal del organismo, el abogado Gabriel Molina.