J

Como se recordará, en su oportunidad se acusó a Marticorena en su carácter de presidente de la Municipalidad de Colonia Ayuí, de haber recibido para ese organismo en comodato -contrato de préstamo- una camioneta Ford F-100 que debía destinarse al exclusivo uso de tareas municipales, pero no lo hizo. Al variar el destino para el cual se entregó el rodado, el cedente -gobierno de la provincia- reclamó su devolución; pero al ser buscada no fue hallada.

En los considerandos del fallo condenatorio -en breve síntesis- se advierte que el presidente de la junta de Colonia Ayuí pudo suscribir el convenio y por él accede al uso particular del bien, con la consiguiente sustracción del ámbito de tenencia de la administración pública. Se consuma el delito por los actos posteriores: falta de comunicación a la Junta de Fomento del contrato suscripto para la adquisición del vehículo, su reticencia a restituirlo y mantenerlo en su esfera particular, hasta que es hallado frente al domicilio particular del condenado; todo ello revela el propósito de darle uso particular, sin afectarlo al destino previsto.

En su oportunidad, la defensa interpuso recurso de casación (apelación) contra este fallo, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, quien lo declaró inadmisible y confirmó la sentencia condenatoria. Contra esta resolución del Superior Tribunal, la defensa planteó un recurso extraordinario para lograr la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que fue denegado, confirmándose así el fallo condenatorio.