E
n Entre Ríos, el Partido Socialista está fraccionado en partes casi iguales, según se desprenden de los últimos comicios internos, donde el sector que triunfó –comandado por los diputados Santiago Reggiardo y Manuel Fortuny– alcanzaron 54 por ciento, mientras que la otra fracción –dirigida por Lisandro Viale y Marcelo Haddad– sumó el 46 por ciento.
Pero la división, más que numérica es de conceptos políticos y de construcción con miras a las elecciones provinciales del 23 de noviembre, porque mientras la oficialidad del Partido Socialista Popular decidió y avanzó en una adhesión al Nuevo Espacio, que postula a Emilio Martínez Garbino para la gobernación, el otro sector tiene en mente hacer un frente electoral con otras fuerzas. Dentro de esta fracción se debate entre sumarse a la propuesta de Sergio Varisco y conformar una alianza con Izquierda Unida, imitando el frente la decisión del socialismo porteño.
En medio de este panorama, el sector socialista que no tiene a cargo la conducción del partido, corriente Socialismo Unido, resolvió impugnar lo que las autoridades partidarias resolvieron en el congreso realizado el sábado 13 del corriente en Paraná.
Socialismo Unido fracturó el congreso al retirarse por considerar que la conducción partidaria estaba sesionando con congresales “truchos”, según dijeron en su momento. Además, el sector opositor decidió presentarse ante el juez federal con competencia electoral, Aníbal Ríos, para que quede sin efecto todo lo resuelto en el congreso. Cabe recordar que en esa oportunidad las autoridades del Partido Socialista Popular aprobaron dar su adhesión a la candidatura de Emilio Martínez Garbino.
La medida cautelar fue presentada por un congresal de la corriente Socialismo Unido ante el juez Ríos. En un extenso escrito plantea que “el Congreso, ilegalmente instalado con exclusión de intervención de las minorías, para asegurar su carácter monocolor delegó, sin condicionamiento alguno, la facultad de concertar listas mixtas y alianzas a un órgano directivo menor, también ‘monocolor’, integrado con una sola facción”. En otras palabras, lo que reprochan desde la minoría es que no se les de representatividad, más tomando en cuenta la paridad del resultado en las internas partidarias.
Se asegura en el escrito que los Congresales de SU no tuvieron posibilidad de acceder para saber “quiénes resultaron ser, ni cuántos, los miembros designados para integrar la Comisión de Poderes del Congreso; ni qué órgano partidario, cuándo y cómo se procedió a su designación, siendo –en consecuencia– imposible verificar la legalidad de su integración”. Todo eso, dicen desde Socialismo Unido impidió “el proceso de acreditación de los congresales para el regular y transparente funcionamiento del congreso partidario”. También se denuncia que el acta de designación de esa Comisión de Poderes les fue ocultada a los congresales de Socialismo Unido.
La presentación, que reseña además el proceso interno que desembocó en la fractura del Congreso partidario, pone gran énfasis en que “el sector oficialista partidario –que responde a los diputados provinciales Fortuny y Reggiardo– designó una Mesa Ejecutiva “monocolor”, con 10 integrantes de un solo sector partidario, excluyendo al 46% de los afiliados y transgrediendo la Carta Orgánica del PSP, que consagra la representación de las minorías en los órganos de dirección del partido en todos sus niveles en su artículo 1º, inciso f)”, sostiene el comunicado de prensa de Socialismo Unido.
