E

n la causa judicial por los “cuadernos de la corrupción” del ex chofer Oscar Centeno, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, uno de los empresarios arrepentidos, declaró que diversas empresas pagaban coimas en contratos de obra pública y, además, se reunían para arreglar licitaciones.

Entre las constructoras que nombró se encuentran dos que recientemente fueron adjudicadas para construir proyectos viales bajo el nuevo formato de Participación Público Privada (PPP) que implementó la gestión de Mauricio Macri. 

La Nación publicó que, entre otras empresas, Wagner nombró a Vial Agro SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Estas dos compañías en junio último fueron adjudicadas para construir corredores viales bajo el nuevo formato de PPP que implementó Cambiemos.

Se trata de un acuerdo privado entre el Estado y las empresas donde, a diferencia de lo que pasa hoy -donde el Estado pone los recursos para una obra que gana un privado-, el privado adelanta los fondos para una obra y se asegura el repago a varios años con la garantía de esa propia obra.

Vial Agro ganó licitaciones para rutas de Buenos Aires por mil millones de dólares; Cartellone, por obras viales en esa provincia, y Córdoba, Mendoza y Santa Fe, fue adjudicada por U$S630 millones. 

Estos corredores forman parte del primer proyecto de PPP que anunció el Gobierno para la construcción de seis proyectos viales. De esos, dos tramos de rutas en la Provincia de Buenos Aires, con una inversión estimada en casi mil millones de dólares, fue adjudicado a un consorcio empresarial conformado por Vial Agro SA -empresa nombrada por Wagner-, Paolini Hnos. SA e INC SA.

José Cartellone Construcciones Civiles SA, también nombrada por el constructor arrepentido, ganó la licitación de rutas nacionales en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con una inversión estimada en 630 millones de dólares. 

A pesar de haber ganado uno de los corredores, desde el Ministerio del Interior y Obras Públicas, que encabeza el jefe de Cambiemos en Entre Ríos, Rogelio Frigerio, elaboraron un listado del Registro Nacional de Constructores donde la empresa José Cartellone figura como una de las compañías a las que se le ha abierto procesos judiciales o se les está haciendo un seguimiento por estar vinculada con causas de corrupción. 

Gobierno: “hay que separar a las personas físicas de las jurídicas”

Por su parte, el ministro Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, aseguró que “los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo que los empleados puedan haber hecho”. Además, añadió: “No limitaremos las compañías, a menos que un juez diga lo contrario”.

Los seis corredores ya firmaron sus contratos a finales de julio. Desde el Ministerio de Hacienda de la Nación explicaron que, desde la firma del contrato de los corredores, las empresas ya tienen el derecho a ser las que van a hacer la obra. Además, aseguraron que “se espera que en octubre empiece a haber movimientos” en las obras.

"Los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo que los empleados puedan haber hecho”, anunció Dietrich.  

¿Qué puede hacer el Estado si se encuentran culpables de hechos de corrupción a directivos de estas empresas? Desde el Ministerio de Transporte explicaron que serán “respetuosos de las decisiones que tome la Justicia” y aclararon: “Hay que separar a las personas físicas de las jurídicas”.

Qué dice la ley

La ley de PPP, más allá de lo que planee hacer el Gobierno, se refiere a estos casos. El artículo 23 establece incompatibilidades para ofertar y contratar respecto a las personas que, entre otros puntos, tengan un procesamiento firme o condena por delitos contra la administración pública.

La ley es muy amplia sobre a quiénes se aplica estas incompatibilidades. Quienes cumplan con estas condiciones, “tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de ésta”, ya sea directamente o “por intermedio de otra entidad” o que “forme parte de un conjunto económico con ella”.

Además, el contrato de los corredores viales asegura que no sólo estarán inhabilitadas las personas físicas o jurídicas que estén con procesamientos firmes o condenados, sino también las “que pertenezca al mismo grupo económico que cualquier otra persona o entidad” que cumplan con esta situación. También incluye en la inhabilitación el caso de la persona que “resulte beneficiaria, directa o indirectamente”.

“Si se aplicara la Ley de Procedimiento Administrativo, en caso de que estas personas sufrieran un procesamiento confirmado, estos contratos deberían ser anulados por la administración basándose en el artículo n° 7 de esta ley” que habla de los requisitos de un acto administrativo, aseguró Natalia Volosin, doctora en derecho por la Universidad de Yale.

Será cuestión de ver qué decide la Justicia argentina, cuyas decisiones podrían ser apeladas: en un decreto complementario a esta ley el Gobierno aprobó que, de existir conflictos judiciales, se puedan llevar a tribunales arbitrales extranjeros en casos donde los contratistas tengan accionistas extranjeros o los beneficiarios sean residentes en el exterior. Lo mismo se estipula en el contrato de los corredores viales.

(Fuente: Chequeado.com)