Los avances -que incluyen concesiones y marchas atrás de Nación, ante la necesidad de Macri de garantizar el proyecto de Presupuesto 2019- se dan en paralelo al endurecimiento de los controles y las penalidades en la negociación para paliar el rojo previsional de las 13 provincias que no transfirieron su Caja de Jubilaciones.
En esa línea, este jueves el Gobierno formalizó -en el Boletín Oficial- el decreto con el nuevo régimen de asistencia financiera a esos distritos, en una movida que se topó ya con críticas públicas, por caso, de la administración del peronista pampeano Carlos Verna.
"El decreto formaliza que las Cajas tienen que estar armonizadas con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)", aseguraron a este diario desde filas gubernamentales nacionales (aunque, como dice el Acuerdo de Consenso Fiscal sellado con los mandatarios en noviembre, deben ser eliminados los mecanismos de penalización por no nivelar los parámetros jubilatorios locales con los nacionales).
Pero, en paralelo, el decreto además le pone un sello oficial a las sanciones para los distritos que incumplan con el envío de la información sobre los jubilados provinciales que necesita Anses para calcular el monto de la asistencia para paliar el rojo previsional local, a partir de la simulación de cuánto le costaría afrontar ese desequilibrio si se tratara de un jubilado nacional. El último plazo para presentar esa información expiró el 30 de junio, por lo que 6 provincias -Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Misiones, Chaco y Corrientes- no recibieron la última cuota automática de fondos para financiar el déficit previsional.
Bajo el decreto, si una provincia no cumple con el envío de esa información, la Anses podrá suspender el pago de anticipos para paliar el rojo e, incluso, arbitrar los medios para recuperar lo ya transferido, vía la Secretaría de Hacienda para retener una tajada de la coparticipación.
"No es un castigo, es un acuerdo firmado en el Consenso Fiscal: no podemos seguir cubriendo los déficits si no presentan la información ante Anses, y sin que la Anses valide ese déficit", aseguraron desde la Casa Rosada a este diario.
La medida causó sorpresa e incomodidad en algunas provincias, frente a "la regulación unilateral del Consenso".
La primera queja brotó desde el Gobierno de Verna (quien no firmó el Pacto Fiscal con Macri), al denunciar que "exigen la firma del Consenso, requisito que no establece la normativa de origen". "Ante el disentir con las políticas nacionales, el Gobierno recurre a mecanismos financieros coercitivos para con La Pampa", dispararon. "La Pampa está regularizada y recibió los fondos en julio", dijeron desde la vereda nacional.
En cambio, desde otro distrito destacaron que el decreto permitirá firmar el convenio por la asistencia 2017 con provincias que ya arribaron a un entendimiento en materia de montos.
