El senador Mattiauda (Cambiemos) apoyó la medida cautelar que permite la venta del agroquímico y suspende la ordenanza de Gualeguaychú que lo prohibió. Cuestionó la archivación del proyecto y exigió una norma para un "uso eficiente"
E
n Gualeguaychú se reactivó el debate sobre el uso de
agroquímicos –o agrotóxicos, según sus detractores- con el fallo del juez
federal subrogante Pablo Seró que hizo lugar a la medida cautelar interpuesta
por vendedores de glifosato de la zona contra la ordenanza municipal que
prohibió su comercialización en el éjido de la ciudad. El magistrado ordenó que
el cuestionado producto pueda comprarse, venderse y usarse hasta que se
resuelva la cuestión de fondo del litigo, que es la denuncia por
inconstitucionalidad de la ordenanza.
Tras conocerse el fallo, el senador de Cambiemos por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, defendió la medida cautelar. “El juez le pone un grado de racionalidad a una medida de la Municipalidad, que obviamente no comparto, porque nunca se explicó cuál es el criterio objetivo de prohibir el acopio y comercialización del glifosato”, expresó.
“Ha existido una utilización político-ideológica del tema agroquímicos sin comprender la realidad del sector, porque los fitosanitarios son un insumo, una herramienta básica para sostener los niveles de productividad”, aseguró el senador.
“Se trata de un insumo de uso agrícola, no urbano. Se cae de
maduro que esta medida prohibitiva tiene una fuerte y evidente connotación
política que no se ajusta a entender cuál es el sistema de producción que
existe hoy en la provincia y en al país”, consideró el legislador.
En abril pasado el Concejo Deliberante de la ciudad del sur entrerriano sancionó una ordenanza con la que quedó prohibido “el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de Glifosato, dentro del ejido Gualeguaychú”.
Para Mattiauda “ha existido una utilización
político-ideológica del tema agroquímicos sin comprender la realidad del
sector, porque los fitosanitarios son un insumo, una herramienta básica para
sostener los niveles de productividad”.
Por otra parte, el senador del PRO y dirigente de la Sociedad Rural se refirió a la votación mayoritaria del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia que determinó la remisión a archivo de la ley de Agroquímicos que contaba con media sanción del Senado y que introducía un nuevo marco regulatorio al uso de estos productos en el territorio provincial.
“En tanto y en cuanto no podamos avanzar en un sistema de producción alternativa, me parece que la prohibición es un grave error porque va a traer más pobreza a nuestra región", advirtió Mattiauda.
Por la sanción de la nueva ley
“El principio de estos conflictos se da con la actitud del
actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien envió a
archivo el proyecto de ley de Fitosanitarios, tirando a la basura más de dos
años de trabajo de todos los espacios políticos de ambas cámaras. Esa ley era
más que necesaria, era imprescindible”, criticó Mattiauda.
A su vez, incluyó en su crítica al gobernador Gustavo Bordet,
porque “no se ha expresado al respecto y no es aceptable que se haga el
distraído luego de la dañina jugada política de Urribarri. El gobernador debe
convocar a la Legislatura para dotar a la provincia de una nueva norma que
garantice el uso eficiente de los agroquímicos, una mejor identificación de
todos los eslabones de la cadena productiva y que aplique fuertes sanciones
para quienes hagan un mal uso de los productos”, remarcó.
Una nueva ley sobre la materia, según el legislador
macrista, permitiría llevar “tranquilidad a toda la población con un equilibrio
justamente entre el cuidado del medio ambiente, la salud del ser humano y
manteniendo un criterio de productividad para generar recursos para la
provincia y el país”.
“En tanto y en cuanto no podamos avanzar en un sistema de producción alternativa, me parece que la prohibición es un grave error porque va a traer más pobreza a nuestra región, y con esto no quiero habilitar indiscriminadamente el uso de agroquímicos, todo lo contrario, creo que la llave está en el buen uso de los productos, en la responsabilidad de los productores y aplicadores, y en un efectivo control estatal”, evaluó Mattiauda en su comunicado enviado a INFORME DIGITAL.
El pasado 10 de julio el juez federal subrogante Pablo Andrés Seró (foto) dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes propietarios de locales que comercializan el agroquímico dentro del ejido Gualeguaychú, que podrán continuar con la venta de Glifosato hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza.
Estas actuaciones están caratuladas “Agro Gestión del Litoral S. A. y Otros C/ Municipalidad de San José de Gualeguaychú S/ Acción Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad” y tramita ante la secretaría Civil y Comercial N° 1 del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
A la par, las empresas “Agro Gestión del Litoral Sociedad Anónima”; “Agro-Soluciones Gualeguaychú S.R.L.”; “Agro Synergía S.A.”; “Angelini S.R.L”; “Lartirigoyen y Cía. S.A.” y “Los Grobo Agropecuaria S.A.” solicitaron que se dicte “en forma inmediata” una medida cautelar que ordene la suspensión provisoria de los efectos de la ordenanza N° 12.216/2018 “hasta tanto recaiga sentencia firme en la presente acción”.
Dentro de las consideraciones, el juez entendió que los comerciantes “se encuentran actualmente impedidos de realizar su trabajo con las consecuencias inmediatas e irreparables que pudieran provocarse” y determinó la suspensión de los efectos de la flamante legislación. (Fuente: R2820)