E

l intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), decidió, en medio del cisma que atraviesa su gestión por la causa de narcotráfico que tramita en la Justicia Federal, efectivizar una de las previsiones de la ordenanza del "Estatuto de estabilidad y escalafón de obreros y empleados municipales", aquella referida a las "condiciones de moralidad y buena conducta" que debe demostrar toda persona que trabaje para el municipio.

Entonces, emitió el decreto 1110, fechado el 6 de julio, mediante el que dispuso que “para el ingreso a la planta contratada -en obra o servicio y/o cualquier otra modalidad de contratación- de la Municipalidad de Paraná, el interesado deberá -previamente- acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante la presentación, en la Dirección General de Recursos Humanos, del certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia”.

La medida llega después de que, conforme avanzó la causa por financiamiento de una red de narcotráfico a cargo del juez Leandro Ríos, se supo que se otorgaron decenas de contratos realizados durante su gestión a personas allegadas o directamente pertenecientes a la banda del líder del narcotráfico local, Daniel "Tavi" Celis.

Cabe recordar que ante las cámaras televisivas de medios nacionales Varisco reconoció que “a los que colaboraron en la campaña de ese grupo vecinalista (NdeR: el Movimiento Vecinalista del Oeste creado como pantalla política por Celis), a algunos que luego reclamaron puestos de trabajo, tanto de programas sociales como en la municipalidad, los ayudamos”, aunque aseguró que no lo hizo “por indicaciones” y desligó las contrataciones de un pacto político con el narcotraficante.

El decreto 1110, según consignó APF, se basa en la ordenanza Nº 4.220 (Estatuto de estabilidad y escalafón de obreros y empleados municipales), cuyo artículo 3º exige que para ingresar a la administración municipal los interesados deberán “poseer condiciones de moralidad y buena conducta, lo que será acreditado con certificados de autoridad competentes. La Dirección de Personal no autorizará o visará ningún nombramiento para la toma de posesión de cargo alguno, si el empleado u obrero no se encuadra y llena los requisitos establecidos”.

Por lo tanto, en la normativa firmada por el intendente radical el 6 de julio se indica que “al efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la norma aludida deberá requerirse a toda persona que pretenda ingresar a laborar para este Municipio en cualquiera de sus modalidades de contratación -inclusive las renovaciones contractuales- o su incorporación a planta permanente y/o cualquier otra forma de ingreso que en el futuro se implemente, la acreditación ineludible, mediante el respectivo certificado de reincidencia, de la ausencia de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia o aquel que en el futuro se implemente”.

Más allá de la efectivización del requisito en cuestión, en los pasillos del municipio paranaense se interpreta que el decreto perseguiría un doble propósito: prevenir posibles nuevos ingresos a la planta comunal de paranaenses vinculados al delito y liberarse de los allegados a Celis que entraron antes y después del inicio de la gestión radical, justamente por la inclusión de "las renovaciones contractuales" que quedarían atadas a la carencia de antecedentes penales.