Martes 03 de julio de 2018
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Política
Provincias afinan condiciones para aprobar los recortes del FMI

Delegados de gobernadores acordaron qué exigir a la Casa Rosada para apoyar el presupuesto 2019 de Macri: fondos en materia social, continuar obra pública en ejecución y traspasar servicios que financia Nación a Buenos Aires y Capital.

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El encuentro se desarrolló este martes en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires

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inistros de 11 provincias y distintos partidos políticos aunaron estrategias para la discusión con el gobierno central por el presupuesto 2019, que incluirá el paquete de recortes que el Fondo Monetario Internacional impone a la Nación a cambio del préstamo de 50 mil millones de dólares. Se avizoran así las condiciones que los gobernadores le presentarán a Mauricio Macri por el voto de sus delegados en el Congreso al proyecto.

“Asegurar los presupuestos en Salud, Educación y Desarrollo Social, continuar las obras en ejecución y equidad en el esfuerzo que deben hacer todos los distritos” es la síntesis de las condiciones según lo presenta el comunicado del gobierno entrerriano enviado a INFORME DIGITAL.

El último punto refiere a la exigencia que vienen divulgando los gobernadores peronistas para que el gobierno nacional deje de subsidiar servicios públicos a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, lo que los caciques del PJ consideran “una gran inequidad”. Principalmente se trata de agua, saneamiento, electricidad y transporte, que deberían absorber las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal según el reclamo justicialista.

El encuentro en cuestión se desarrolló este martes en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y reunió, además del anfitrión Hugo Ballay, a los ministros de Economía de La Rioja, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Córdoba, Formosa, San Juan, Catamarca, La Pampa, Santa Fe, junto a equipos técnicos del bloque Argentina Federal en Diputados y Senadores.

Lo central de la condición de la “equidad” lo explicó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, quien se refirió a esos “servicios que en las provincias están a cargo de los gobiernos locales” y advirtió que “si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad, es todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano y que no lo hace en el resto del país. Es lo primero que habría que revisar”.

El cordobés mencionó agua, saneamiento, electricidad, transporte “y también algunos otros casos más puntuales, como salud, seguridad, justicia ordinaria, que son cosas que generan una gran inequidad” y sentenció que “lo primero que hay que revisar es eso, para luego avanzar en otro temas donde también estamos dispuestos al dialogo. Pero necesitamos previamente resolver eso”, enfatizó.

 “Si se va a revisar el gasto público nacional, la prioridad, es todo este gasto que hace la Nación en la ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano y que no lo hace en el resto del país. Es lo primero que habría que revisar”, advirtió el delegado cordobés.

Por su parte, el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, comentó que objetivo de los gobernadores es “no renunciar fundamentalmente a todo lo que afecte lo social” es decir “fondos específicos en desarrollo, salud y en educación como puede ser el Fondo de Incentivo Docente”, ante “versiones que indican que pueden ser reducidas estas transferencias corrientes”.

Además advirtió que la tarea se viene haciendo con “muy poca información aún”  del proyecto de presupuesto 2019 y del documento final que se firme con el FMI, “del cual todavía no tenemos conocimiento”.

Ballay agregó que “la idea es poder poner sobre la mesa los esfuerzos que estamos haciendo las provincias en la reducción de los tributos provinciales” post Pacto Fiscal y aseguró que se trabaja “con el afán de lograr la aprobación del Presupuesto con el consenso de todas las provincias”.

En tanto, el jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, señaló que en la discusión por el déficit fiscal “la parte que le corresponde a las provincias es solamente el 20 por ciento”, expresó la “preocupación” de las provincias por la obra pública y definió como “prioridad” los fondos “con sentido social, como el Fonid y muchos otros tanto de educación como de salud”.

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