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l concejal Emanuel Gainza (Cambiemos-PRO) solicitó licencia en su cargo a raíz de la imputación que pesa en su contra por parte del juez federal Leandro Ríos. El pedido lo formalizó a través de una nota que ingresó en la sesión del Concejo Deliberante de este lunes donde especificó que no estará en funciones hasta que la Justicia Federal se expida sobre su situación procesal en la causa por narcotráfico.

Su pedido lo fundamentó por considerarse "obligado por razones ético-personales, como así también no interferir en mi presentación ante la justicia y en el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante". 

De este modo, el edil se diferenció del intendente Sergio Varisco, quien siguen en funciones a pesar de que en la causa está aún más complicado, puesto que el juez Ríos lo procesó por supuesto financiamiento de la banda narco criminal que lidera Daniel "Tavi" Celis.

El concejal macrista fue imputado el viernes pasado por presuntos vínculos con la misma banda y fue citado a que preste declaración en el Juzgado Federal de Paraná este martes 3 de julio, a las 10,30.  

"Fundamento esta solicitud por considerarme obligado por razones ético-personales, como así también no interferir en mi presentación ante la justicia y en el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante" 

En una primera instancia, Gainza estaba convocado a declarar en calidad de testigo, pero la audiencia prevista para el miércoles pasado fue suspendida. Y es que el edil fue allanado por la Policía Federal un día antes, el martes. Su situación se complicó a raíz de la declaración como arrepentida de la expareja del narco Celis, Luciana Lemos, quien sostuvo ante el juez que el concejal participó de la supuesta comercialización de droga junto con la funcionaria municipal Griselda Bordeira, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández -ambos con prisión preventiva- y el intendente Sergio Varisco.

La mujer le habría ratificado al juez Ríos que el 21 de abril recibió seis kilos de cocaína, “que era lo acordado: uno para (el concejal de Cambiemos, Emanuel) Gainza, uno para (el otro edil involucrado, Pablo) Hernández, dos para (la ex subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda) Bordeira y dos para (el intendente Sergio) Varisco”. Según la versión de Lemos, el joven concejal del PRO pagaba 150.000 pesos por el kilo de cocaína y el radical Hernández desembolsaba 165.000 pesos por el mismo pesaje.