E

l abogado del ex gobernador Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy, se refirió a la remisión a juicio dispuesta por el juez de Garantía José Eduardo Ruhl, de la causa por contrataciones de campañas publicitarias en vía pública, señalando que “se trata de una medida netamente procesal; acá no pudo dictarse ni se dictó ninguna condena contra nadie, simplemente se ha considerado que la acusación debe ser formalizada ante un tribunal de juicio”.

Asimismo, expresó que “esta nueva instancia que se abre nos permitirá volver a presentar toda la prueba que arbitrariamente no fue tenida en cuenta hasta aquí y recién hoy fue recepcionada; en ese sentido estamos satisfechos porque nos otorga un cierto margen de seguridad para demostrar la justicia de nuestros argumentos”.

“Vamos a seguir señalando los graves defectos de la acusación en tanto se consideran punibles actos o conductas que de ninguna forma han sido definidos como delitos por la ley penal, y también vamos a seguir alertando acerca de la afectación de los principios republicanos que han sido puestos en peligro”, afirmó.

Báez, Urribarri, Aguilera y Bustamante.

El letrado hizo alusión a las presentaciones efectuadas por la defensa, esto es, la falta de acción y el pedido de sobreseimiento, en las que dijo que se dejó constancia de que las contrataciones publicitarias contaron con la aprobación de los organismos de control, cuyo accionar se encuentra respaldado por la Constitución Provincial. “Es inevitable pensar que en estos procesos judiciales subyacen fines políticos antirrepublicanos”, manifestó.

"Se consideran punibles actos o conductas que de ninguna forma han sido definidos como delitos por la ley penal. Y vamos a seguir alertando acerca de la afectación de los principios republicanos. Es inevitable pensar que en estos procesos judiciales subyacen fines políticos", advirtió el abogado.

Respecto del pedido de desafuero, Barrandeguy lo calificó de absurdo en la medida en que Urribarri ha mantenido una conducta ajustada a derecho mostrando total disposición para colaborar con la investigación y cumpliendo con todas las instancias del proceso y principalmente con la obligación que todo funcionario público tiene de rendir cuentas; todo lo cual fue reconocido incluso por la propia fiscalía que solicitó la medida y por el juez que la concedió.