E

l magistrado José Eduardo Ruhl pedirá además a la Cámara de Diputados el desafuero de Sergio Urribarri y Pedro Báez. El ex gobernador y su ex ministro de Cultura y Comunicación, ambos actuales diputados provinciales, serán sometidos a juicio por la sustracción de fondos públicos y su direccionamiento a favor de empresas que se le atribuyen a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, a través de contrataciones de publicidad.

En pocos días el juez elevará formalmente a juicio la causa en la que se investiga a Urribarri, Báez, Aguilera y otras siete personas, entre funcionarios, testaferros y empresarios, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración.

Ruhl resaltó que la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas “no ejercen las funciones jurisdiccionales que son reservadas al Poder Judicial de manera exclusiva” y resaltó que admitir la excepción por falta de acción “implicaría una violación a la independencia irrestricta de poderes”.

En cuanto a las críticas a la imputación, el magistrado sostuvo que “el hecho punible del requerimiento fiscal satisface los extremos que debe contener: se describen hechos con una relación clara, precisa y circunstanciada y si bien es cierto que no fueron separados materialmente, la síntesis es correcta y beneficiosa de los intereses de la defensa, porque permite mayor comprensión; por el contrario, la separación de los hechos, dada la multiplicidad de conductas que contiene, afectaría el derecho de defensa”, advirtió.

Resueltas estas cuestiones, los fiscales y los defensores expusieron cuáles son las pruebas testimoniales, documentales e instrumentales que pretenden reproducir en el debate oral y público.

Además, el juez hizo lugar al pedido efectuado por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa para solicitar a la Cámara de Diputados el levantamiento de los fueros parlamentarios que tienen Urribarri y Báez.

Testimonios

En la audiencia de remisión de la causa a juicio los fiscales y los defensores solicitaron que se convoque a casi un centenar de personas a declarar, entre los que se cuentan funcionarios actuales y de la anterior administración, empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación y de las empresas investigadas.

Entre los nombres más destacados se cuentan el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; el secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider; el ministro Hugo Ballay; los ex ministros Diego Valiero, Guillermo Federik, Juan Javier García y Hugo Marsó; la senadora nacional Sigrid Kunath; el ex legislador Hugo Berthet; el jefe de Policía, Gustavo Maslein; y el contador general de la provincia, Aurelio Miraglio. También deberán comparecer los ex funcionarios Marcelo Casaretto, Faustino Schiavoni y Walter Carballo; el ex presidente del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina; el vocal José Luis Gea Sánchez; y el publicista Ignacio Labarba, entre otros.

El mecanismo

Los fiscales sostienen que entre 2010 y 2015 el ex gobernador Urribarri y el ex ministro Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de campañas de publicidad de actos de gobierno por 24.204.918,69 pesos.

La creación de las empresas TEP SRL (ex Cinco Tipos) y Next SRL coincide con este período. La primera tiene como titulares formales a Emiliano Oscar Giacopuzzi y Alejandro Almada; mientras que Maximiliano Romeo Sena y Luciana Almada, esposa de Aguilera, figuran como propietarios de la segunda de ellas, aunque su defensor asegura que la firma no realizó contrataciones con el Estado.

Los fiscales señalaron que Urribarri y Báez definieron la política comunicacional del gobierno provincial, a través de un plan de medios mediante el cual no solamente determinaron cuales eran las campañas publicitarias a realizar sino que también definieron cuales eran las empresas que debían ser contratadas.

En ese esquema, los funcionarios habrían esquivado los mecanismos legales que garantizan la libre competencia a los oferentes del Estado o simularon hacerlo otorgando múltiples órdenes de publicidad a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL.

Para concretar la maniobra habrían realizado además una simulación en la distribución de la publicidad y en eso también participaban las empresas Montañana Publicidad y J.M. Bustamante Publicidad, de Hugo Fernando Montañana y Jesús José María Bustamante, respectivamente, que participaban pero habiendo acordado previamente que una vez percibido el cobro, un porcentaje era reintegrado a Aguilera a través de un sistema de retornos, como lo reconoció el propio Bustamante en el juicio abreviado en el que resultó condenado a dos años y ocho meses de prisión condicional.

Se probó además que TEP SRL y Next SRL compartían el mismo domicilio laboral, las oficinas técnicas, administrativas y comerciales y hasta los empleados; también tenían una única contabilidad que llevaba Corina Elizabeth Cargnel

Cargnel, la contadora de Aguilera, era el “nexo” entre los funcionarios, las oficinas públicas y las empresas, y tenía a su cargo la gestión, seguimiento y cobro de todos los contratos y la percepción de retornos.

Los fiscales Patricia Yedro, Alejandro Cánepa y Gonzalo Badano, que llevaron adelante la investigación, señalaron que “para concretar esa maniobra se conformó una estructura aceitada en el marco de la cual cada uno de los imputados cumplía un rol estratégico”.

Sin embargo, durante la investigación se detectó un gran número de campañas publicitarias simuladas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, por ejemplo, para promocionar la figura de Urribarri. En ese caso las certificaciones se realizaban a través de fotomontajes, colocando en los carteles donde debía aparecer la publicidad fotos que eran elaboradas a través de photoshop o que no correspondían a la campaña contratada, con la pretensión de acreditar su cabal cumplimiento.

Lo cierto es que cuando se acreditaba el cumplimiento ficticio de esa publicidad habilitaba a que se hicieran los pagos. Esta maniobra comprometió un monto de 12.170.338,96 pesos que corresponden a campañas donde se fraguaron certificaciones.

Eso vuelve a Gustavo Tamay un actor central para la ejecución de la maniobra. Tamay era Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura y Comunicación y su rol era el de verificar que la publicidad efectivamente se cumpliera en los términos en que había sido contratada. Su intervención era “indispensable” para liberar los pagos, aseguran los fiscales.

Los fiscales adelantaron que pedirán condenas para todos ellos: para Urribarri, Báez y Aguilera pedirán condenas de ocho años de cárcel; para los testaferros de Aguilera solicitarán la imposición de penas de cuatro años de prisión; pedirán que la contadora Cargnel sea condenada a seis años de cárcel; y en el caso de Tamay solicitarán que se le imponga una pena de seis años de prisión.

También podrían solicitar el decomiso de dos inmuebles donde funcionaba la imprenta de Aguilera, uno ubicado en calle Racedo 409 y otro lindero ubicado en calle Racedo 413; también pedirán el decomiso de un camión Ford F-4000 chapa patente GPT-951, una camioneta Citroën Berlingo chapa patente OJZ-720 y una moto Zanella ZB110, que están registrados a nombre de las empresas.

(Fuente: Página Judicial)