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n la ciudad de San Benito, en el departamento Paraná Campaña, estalló un escándalo político a raíz de un convenio que firmó en 2017 el intendente Exequiel Donda con una Fundación que preside el exjugador de Boca Juniors, Mauricio “Chicho” Serna,  cuyo financiamiento, actualmente, está en la mira de la justicia federal.

Serna preside la fundación Pasión5condición, que apunta a la contención de los chicos y la prevención de adicciones. En septiembre de 2017, el exXeneixe visitó la ciudad y firmó un convenio de cooperación con Donda para la puesta en valor del predio del Parque Vieytes y formó parte de la entrega de material deportivos.

Sin embargo, a principio de junio de este año Serna quedó procesado en una causa por lavado de dinero presuntamente del narcotráfico. Se trata de una causa que tiene el juez federal Néstor Barral, quien también procesó en la misma causa a María Isabel Santos Caballero y a Juan Sebastián Marroquín Santos, exesposa e hijo del capo narco colombiano Pablo Escobar, respectivamente.

Santos Caballero, viuda de Escobar, su hijo Marroquín Santos y Serna, según consta en los argumentos del juez Barral, son penalmente responsables del delito "de lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".

Serna en su visita a San Benito, junto al intendente Donda y la diputada de Cambiemos Ayelén Acosta.

Ahora, tras conocerse el procesamiento del exjugador, el bloque de concejales del Frente para la Victoria de San Benito solicitó al intendente que deje sin efecto el convenio firmado con la Fundación de Serna.

“Mínimamente (Donda) hubiera averiguado personalmente con la ministra de Seguridad nacional o el ministro de Interior (con el que afirma reunirse asiduamente) si realmente existía un investigación sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico", alertan los concejales del Frente para la Victoria.

Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, sostuvieron: “Es gravísimo ya que el intendente Donda no sólo compromete a todos los sanbenitenses, sino también a todas las instituciones políticas de la ciudad, al ser su máxima autoridad, sino también, y más grave aún que en su carácter de intendente de Cambiemos, abogado, y policía provincia de Toxicología, contamina y denigra a la institución política máxima de la presidencia de la Nación de Mauricio Macri por sus intenciones de luchar contra el narcotráfico, como también a las instituciones políticas de la provincia de Entre Ríos y particularmente a la Policía de Entre Ríos, de la cual el forma parte y está de licencia, y no sólo eso, ha manifestado públicamente que es amigo y aprendió mucho del subjefe provincial Comisario General José Alejandro Lauman”.

“Mínimamente por el rol institucional que tiene y la gravedad del asunto, en el mismo momento que ingresó, el proyecto de comunicación presentado por nosotros al Concejo Deliberante, por la responsabilidad que tiene y por prudencia, ya que viaja a Buenos Aires seguido a realizar trámites, hubiera averiguado personalmente con la ministra de Seguridad nacional o el ministro de Interior (con el que afirma reunirse asiduamente), o en todo caso con un llamado por teléfono, si realmente existía un investigación sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico respecto del ex futbolista Mauricio Serna, o de lo contrario hubiera consultado con las autoridades policiales de la provincia de entre ríos de las que forma parte y se declara amigo, para proceder luego a convalidar o no dicho convenio”, agregaron.

Por otro lado, los concejales opositores consideraron que “sería prudente alejar todo tipo de sospechas que puedan colocar sobre nuestro municipio un manto de dudas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un tema tan sensible para la sociedad como lo es el narcotráfico y todas las consecuencias negativas que tiene sobre nuestra sociedad y principalmente sobre nuestros jóvenes, siendo un flagelo al cual nuestra comunidad no es ajena”.

Asimismo, sostuvieron que el convenio “constituye una acto de absoluta irresponsabilidad por parte de nuestras autoridades municipales, las que evidentemente no han medido todos los efectos negativos que se pueden desencadenar a partir de tener relaciones con personas sospechadas y procesadas de realizar actividades delictivas de lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico”.