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a Fundación CAUCE (Cultura Ambiental-Causa Ecologista) presentó una queja y solicitó urgente intervención al Defensor del Pueblo de la Nación, frente a la inacción del Ministerio de Ambiente respecto al avance de obras de infraestructura y dragados enmarcadas en el proyecto hidrovía  Paraguay Paraná, que amenaza a los ríos, la biodiversidad del sistema de humedales y sus servicios ecológicos naturales. 

"El Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Sergio Bergman, se mantiene de brazos cruzados y se declara ajeno ante la afectación directa de los bienes naturales del país por el proyecto Hidrovía Paraguay Paraná, que tiene como propósito transformar el río en un gran canal industrial", dijeron en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL.  

De este modo lo denuncia Fundación CAUCE ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, en una queja y solicitud urgente de intervención, que fue elevado con la firma de  la organización  y el respaldo de las ONGs que integran la Red Delta: Casa Río, Taller Ecologista, Taller de Comunicación Ambiental, El Paraná no se toca y Renacer.

Los ambientalistas fundamentan la acción no sólo "en la evidente negligencia del Ministerio de Ambiente en el caso Hidrovía, sino también en las respuestas ofrecidas por la propia cartera de Bergman como por el Ministerio de Transporte de la Nación, referidas a los procesos de estudios de impactos ambientales de la Hidrovía Paraguay-Paraná".

Frente a las solicitudes de acceso a la información oportunamente elevadas por otras ONGs, sobre las intervenciones del organismo en los estudios de impacto ambiental del proyecto de hidrovía en ejecución desde la última década, Ambiente contestó de forma categórica: nunca intervino en estudio ambiental alguno.

"El Ministerio de Ambiente de la Nación, encabezado por Sergio Bergman, se mantiene de brazos cruzados y se declara ajeno ante la afectación directa de los bienes naturales del país por el proyecto Hidrovía Paraguay Paraná, que tiene como propósito transformar el río en un gran canal industrial"

Es en ese sentido que CAUCE denuncia “omisiones sistemáticas y reiteradas del Ministerio” de Bergman y “demás autoridades nacionales intervinientes”. Lo que explica entre otras cosas, detalla la organización, “el total descontrol en el proceso de dragados” en el río. 

También en ese marco, la ONG considera “inexplicable” la ausencia del Ministerio de Ambiente, más aún en función de otra respuesta institucional ante idéntica consulta: el Ministerio de Transporte de la Nación, impulsor de las obras en el marco del proyecto Hidrovía es quien evalúa los Estudios de Impacto Ambiental parciales, pero reconoce citando la Ley General de Medio Ambiente -y decreto correspondiente- que la autoridad de aplicación no es otra que el Ministerio que preside Bergman.

Refiriendo a resoluciones anteriores de la propia Defensoría del Pueblo, que exigen la realización de Estudios de Impacto Ambiental  en el proyecto Hidrovía y más aún recomiendan “un plan de gestión ambiental global que contemple los efectos de los trabajos a realizarse en la cuenca del Río de la Plata”, es que CAUCE peticionó ante el Defensor para que inste al Ministerio de Ambiente para que tome intervención en “la revisión completa y nueva evaluación de todos los Estudios de Impacto Ambiental realizados por lo menos en la última década”.  

Además, la fundación reclama la puesta en práctica de Audiencias Públicas, tal cual lo prevé la legislación ambiental y que se de conocimiento de la situación al Congreso de la Nación, recomendando la necesidad de contar, de modo urgente, con una Ley de Estudio de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica.  

“Las organizaciones ambientales de la Cuenca del Plata estamos nucleadas con el propósito de defender nuestros ríos, que es defender el agua y la vida en nuestra región”, dijo la directora ejecutiva de CAUCE, Valeria Enderle y en ese sentido señaló que “vamos a utilizar cada una de las herramientas a disposición para que el Estado Nacional y los Estados provinciales respeten, valoren y ejecuten las leyes, normas y disposiciones que fueron creadas para evitar los atropellos contra los bienes naturales del país y los derechos humanos de las comunidades, que se ven afectadas con proyectos que se fundan en el extractivismo y la desigualdad, sin poner en valor la defensa de nuestro bien más preciado que es el agua”.