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l intendente de Paraná se juega una carta fuerte este jueves a las 10, cuando declare nuevamente en los Tribunales Federales. Esta ampliación de su declaración indagatoria, que desde distintos sectores políticos fue interpretada como una dilación de tiempos, tiene su justificativo en la necesidad del intendente, alegada desde su entorno, de probar un supuesto entramado realizado ex profeso para perjudicarlo y vincularlo con el tráfico de cocaína.

Así lo pudo determinar fehacientemente INFORME DIGITAL con fuentes cercanas a la causa. Se le planteará al juez un esquema que “se podría dilucidar claramente y que se desprende de la propia causa”, según indicaron allegados al presidente municipal, “que hemos visto y desentrañado, para que quede claramente probado que al intendente Sergio Varisco están intentando perjudicar al vincularlo con la venta de drogas”, se remarcó.

“Vamos a probar esto ante el juez Federal Leandro Ríos”, se afirmó desde el varisquismo a INFORME DIGITAL.

El juez ponderará todas las pruebas acercadas y, al igual que pasó con el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, la jugada podría resultarle adversa y, en el caso de no convencer al magistrado, hasta podría llegar a ser detenido, lo que constituiría un hecho absolutamente inesperado y sorprendente para la política provincial.

Tal es el grado de conmoción que está generando la causa en el ámbito político que la Cámara de Diputados de la provincia tratará un proyecto que el legislador jamás imaginó que podría llegar a la realidad, como la reforma de la Ley Orgánica de Municipios (N° 10.027) elaborada por el diputado justicialista Diego Lara..

Esto es así, ya que los procesos de juicio político a jefes comunales llegaron de forma extemporánea a sus resultados. En este caso, tanto concejal como el intendente deberían tener sentencia firme para poder ser destituídos.

Hay antecedentes de sobra, como el caso Rossi que fue condenado pero nunca destituido, y que en sus distintas apelaciones llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, no hay ningún antecedente de que un intendente sea detenido durante su mandato. Esta será la novedad que la Legislatura buscará subsanar. No solamente por el caso de Varisco, que este jueves podría quedar perfectamente en libertad, sino para futuros casos que se le asemejen.