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omenzaron las controversias en las elecciones del Instituto de Obras Sociales de Entre Ríos (IOSPER) que se realizarán el 5 de julio. Luego de la presentación de las listas para competir por la representación de los distintos agrupamientos en el Directorio de la entidad, uno de los armados denuncia que la Junta Electoral encargada de regular el proceso ejerció proscripción.

La lista en cuestión lleva como candidatos a Ángel Rossi (Director Titular) y Juan Carlos Leones (Director Suplente), se llama Azul y Blanca y argumentan que existe una “violación del derecho a defensa” en la resolución de la Junta que dictaminó que el sector no alcanzó el mínimo de avales, "siendo que la cantidad acompañada supera el 3% de los requeridos para el agrupamiento", advierten desde la lista.

"Todo ello sin señalar números y/o dar indicaciones sobre los motivos concretos de aquellos afiliados impugnados, lo que vulnera el derecho a defensa. El resolutivo carece de contenido, lo que lo torna claramente arbitrario”, cuestionaron los jubilados de la nómina nº 14.

“Vamos a seguir luchando para participar y que sean los jubilados y pensionados provinciales quienes decidan y no unos burócratas”, fustigan. 

En la nota presentada ante la Junta Electoral, señalan que superaron el mínimo de avales requeridos y exigen "que se revoque la resolución dictada, que, por ahora, les impide participar del acto eleccionario". Además, en el escrito se hace saber que se reservan el derecho de acudir a la Justicia Ordinaria, según se indica en el comunicado enviado a INFORME DIGITAL.

Ante esta situación, Rossi expresó que “claramente se trata de un acto proscriptivo. Acá hay una mano negra que, ante la potencia de nuestra propuesta, quiere mantener el statu quo. Nosotros, junto a Juan Carlos, SEDAPPER y un gran número de ex empleados del IOSPER, pretendemos darle un rotundo cambio a la administración de la Obra Social y eso es lo que, evidentemente, molesta”.

El dirigente del sector pasivo agregó que “no se respetaron los tiempos procesales. Pasaron siete días para notificarnos, cuando la Ley dice, claramente, que tenían 72 horas corridas” y fustigó que “vamos a seguir luchando para participar y que sean los jubilados y pensionados provinciales quienes decidan y no unos burócratas”.