E

l abogado de Victoria, Guillermo Reggiardo, presentó el 12 de mayo de 2025 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando ser víctima de persecución judicial en Entre Ríos.

Reggiardo, conocido por representar al intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y por su activa participación en el Partido Justicialista, sostiene que las represalias provienen de sus denuncias contra miembros del Poder Judicial y gestiones de organismos estatales, como el Iosper y la causa de los “Contratos Truchos”.

En su presentación, señaló al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, como el principal responsable de esta embestida judicial. Según Reggiardo, Portela, con un pasado político ligado a un exsenador justicialista implicado en el caso de contratos truchos, protege al fiscal Álvaro Piérola, quien archivó rápidamente esa investigación en 2018 y abrió una causa contra la senadora Patricia Díaz tras la admisibilidad de una petición de Reggiardo en la CIDH. El abogado denunció que Portela “fusiona poder político y jurisdiccional”, bloqueando sus recursos legales y generando un riesgo constante de detención arbitraria.

Según consigna APF Digital, Reggiardo argumentó que en Entre Ríos no existe imparcialidad judicial, ya que fiscales y jueces han tomado posiciones públicas en su contra, vulnerando principios constitucionales y tratados internacionales. Solicitó la exclusión de estos operadores judiciales de sus causas, la designación de agentes externos y garantías para un proceso justo. Además, destacó que desde 2010 ha denunciado estructuras corruptas en organismos como Iosper y Enersa, enfrentando en respuesta causas penales por hechos “irrisorios o inventados”.

Leonardo Portela.

El abogado vinculó el inicio de esta persecución a su defensa de Rossi entre 2009 y 2013, cuando detectó el uso del proceso penal como arma política. Desde entonces, enfrentó sumarios, embargos, prohibiciones de salida del país y agresiones físicas, como un incidente en 2021 en Victoria, donde fue detenido y sometido a extracción de sangre por la fuerza tras un supuesto accidente vial. También relató obstrucciones en casos que patrocina, como la querella de un vecino en Gualeguay, donde se niegan pericias clave.

En Gualeguay, epicentro de las causas en su contra, Reggiardo denunció hostigamiento por parte de jueces y fiscales, incluyendo imputaciones por coacción tras recusar a una magistrada y la imposición de sanciones por la Oficina de Gestión de Audiencias. Ante la falta de respuestas locales, como el rechazo de un habeas corpus, pidió a la CIDH medidas urgentes para suspender actuaciones penales viciadas, asignar jueces imparciales y garantizar su defensa en los procesos en curso.