E

l intendente de Santa Elena y exvicegobernador de Entre Ríos, Daniel Rossi, formalizó un pedido de juicio político contra la jueza Gisela Schumacher, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). La solicitud se basa en el cambio de criterio de Schumacher respecto de avalar que el condenado ex gobernador Sergio Urribarri lleve su reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esta instancia permite, tanto a Urribarri como a los otros condenados por la causa, extender la ejecución del fallo condenatorio en su contra.

En su denuncia, a la cual tuvo acceso INFORME DIGITAL, Rossi argumenta que la vocal del STJER Gisela Schumacher, en dos fallos emitidos con seis meses de diferencia, modificó su criterio sin ofrecer una fundamentación sólida.

Este tipo de acciones en el poder judicial responden más a necesidades políticas que a una íntima convicción razonada, denuncia Rossi

En el escrito, el intendente de Santa Elena describe que, en abril de 2024, la jueza rechazó un recurso extraordinario interpuesto por las defensas de Sergio Urribarri y otros imputados en una causa de peculado, argumentando que no existían agravios suficientes para justificar la intervención de la Corte Suprema.

Gisela Schumacher.

Sin embargo, en octubre de 2024, en la misma causa, votó a favor de conceder el recurso, reprocha Rossi en su presentación, donde señala que existían posibles violaciones al debido proceso que ameritaban una revisión.

Rossi sostiene que este viraje en su postura, sin nuevas razones que lo justifiquen, afecta gravemente los principios de seguridad jurídica y el debido proceso

Además, sostiene que este tipo de acciones en el poder judicial responden más a necesidades políticas que a una íntima convicción razonada, lo cual mina la confianza pública en la imparcialidad judicial, agrega.

La denuncia presentada por Daniel Rossi ante la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos exige la apertura de un proceso de remoción de Schumacher, enfatizando la gravedad institucional de la situación.

En ese marco, el pedido se basa en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en jurisprudencia internacional que considera la arbitrariedad judicial como una violación de los derechos fundamentales.