E

l presidente Javier Milei emitió un decreto (el 780/2024 publicado en el Boletín Oficial) mediante el cual restringió el acceso a la información pública de los actos del Gobierno, como así también la actividad privada y parte de la pública de sus funcionarios.

Esta normativa establece que el Poder Ejecutivo tiene la potestad definir y determinar qué datos podrán considerarse como de interés público para difundirse. Estos criterios limitan a los ciudadanos a acceder, en forma individual o colectiva, independiente o a través de la prensa, a información de la administración nacional sobre las cuestiones públicas

El flamante decreto reconoce el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno, la promoción de la participación ciudadana y la transparencia de gestión, aunque limita el alcance a cierto tipo de información.

Javier Milei firmó el decreto 780/24.

Por ejemplo, establece: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”. Esto abarca los hechos que ocurran en la Quinta de Olivos, como reuniones familiares, cantidad o existencia de mascotas, visitas íntimas o reservadas que supuestamente no tengan que ver con la gestión.

Además, se prohíbe: "La difusión de deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares sobre un tema o acto de gobierno". Es decir que todas las anotaciones personales durante una reunión o en agendas no serán consideradas como documentos de Estado ni posibles de ser revisadas.

Gaillard busca anular el decreto

Conocida esta determinación del Ejecutivo Nacional, la diputada nacional por Entre Ríos de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, presentó un proyecto de ley para declarar al Decreto 780/24 nulo, de nulidad absoluta e insanable.

En los argumentos para su iniciativa, la legisladora apunta: “El Decreto 780/24 ha generado críticas significativas de diversos sectores de la sociedad, ya que, en lugar de promover la transparencia, parece orientado a proteger al Gobierno Nacional y a limitar la rendición de cuentas”.

Presenté el Proyecto de Ley 4880-D-2024, que cuenta con el acompañamiento de varios @Diputados_UxP , para declarar la nulidad del Decreto 780/2024 de Milei que restringe el Acceso a la Información Pública, que es un derecho fundamental de los y las argentinas y no puede… pic.twitter.com/cUnpqBIKLi

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) September 4, 2024

“Podemos afirmar que, al establecer nuevas restricciones para el acceso a información crucial, se debilita uno de los pilares fundamentales del sistema republicano y democrático: la publicidad de los actos de gobierno”, añadió.

Y concluye: “Este retroceso normativo no solo obstaculiza la participación ciudadana, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, siendo percibido como un intento de limitar el control ciudadano sobre la gestión estatal”.

Carolina Gaillard quiere anular el decreto 780/24.

La provincia a contrapunto de Nación 

Mientras el gobierno nacional decide limitar el acceso a la información pública, la legislatura entrerriana promueve leyes diametralmente opuestas.

En este marco, durante la decimosegunda sesión ordinaria del 145° Periodo Legislativo, la Cámara de Diputados dio media sanción, por unanimidad, al proyecto del Poder Ejecutivo que establece el Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública.

Al respecto se refirió la diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, quien explicó: “Estamos trabajando mucho en este proyecto de Ley de Ética Pública y lo que se agrega a esto es el proyecto de Ficha Limpia, porque además de servir a la calidad institucional, estoy convencida de que sirve para que los fondos de los entrerrianos vayan a la población y no al bolsillo de algunos corruptos. Porque cuando roban al Estado están robándole a los entrerrianos la posibilidad de tener una escuela más, una ruta arreglada que evite muertes, un camino por donde sacar la producción, una ayuda social a una familia que no tiene para comer".

Frigerio impulsó las leyes de Ética Pública y Ficha Limpia.

Posteriormente, expresó: “Seguramente habrá algunos pensando que no es el momento de tratar esto cuando estamos en una crisis sin antecedentes, cuando los salarios son bajos, cuando hay mucha gente que no tiene para comer, pero creo que es justamente ahora el momento porque el dinero del Estado es uno y nosotros queremos que se usen para dar respuestas a las necesidades de la gente y no que se lo lleven los corruptos en sus bolsillos”.

“Por eso sabemos que es muy importante este tema. Queremos que los inescrupulosos no puedan robar los recursos de los entrerrianos, que no se puedan desviar fondos que están destinados al desarrollo de la provincia porque cuando pasan estas cosas, no se pueden brindar servicios básicos a la población”, añadió.

Finalmente, la presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara Baja provincia, detalló: “Con la Ley de Ética Pública estamos reglamentando los artículos 39 y 40 de nuestra Constitución Provincial que, inexplicablemente, nunca se reglamentaron. Es importante precisarlo en una norma escrita para no dejarla a la libre interpretación de cada uno”.

Gabriela Lena dio detalles de las proyectos de Ética Pública y Ficha Limpia.

“La Ley de Ética Pública alude a la cultura, a las reglas que garantizan que todos los funcionarios tienen que actuar en función del interés público. Y el mismo debe ser amplio y no basado en sus propios intereses. El derecho que tienen todas las personas a ser elegidas no puede ser más importante que la necesidad de que los lleguen al gobierno sean los más éticos, las buenas personas. Por eso la Ficha Limpia lo que busca es impedir que aquellos que tienen doble condena puedan acceder a un cargo electivo que les garantice obtener fueros o a un cargo público que les permitan acceder al poder poner trabas en sus propios procesos judiciales”, concluyó.