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l legislador porteño Juan Manuel Valdés, de Unión por la Patria (UP), presentó un proyecto para que aquellos padres que adeuden la cuota alimentaria de sus hijos no puedan ir a recitales o a partidos de fútbol. Argumentó que el propósito del proyecto es “acorralar” a los deudores para que paguen “en lugar de gastar su dinero en otra cosa.
El impulsor de la iniciativa espera que los deudores no puedan ingresar al teatro, conciertos, salas de cine, o canchas
“Tres de cada cuatro mujeres que están separadas no reciben los alimentos necesarios para mantener a sus hijos e hijas. Por eso ideamos una herramienta que agilice los tiempos del Poder Judicial y que haya una condena social efectiva a todo aquel que no cumple con las obligaciones del padre que le corresponde”, escribió Valdés en su cuenta de X, donde tituló: “Tarjeta Roja a deudores alimentarios”.
“Con nuestra ley, no podrían ingresar ni a la cancha, ni al teatro, ni al cine, ni a ningún recital. Quienes tengan deudas con las madres de sus hijos, si sos deudor alimentario, tomátelas”, afirmó el legislador porteño.
“El Gobierno de la Ciudad invitará a empresas e instituciones privadas con sede o que desarrollen su actividad en la Ciudad, a requerir informes al Registro según lo prescripto en la presente ley. Las instituciones organizadoras de eventos deportivos y culturales pagos y de carácter masivo en la Ciudad deben disponer, a través de dispositivos tecnológicos, de controles de acceso que impidan la libre participación de personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios”, reza el artículo que busca incorporar Valdés a la Ley 269.
El Proyecto contra los padres deudores.
Además, el proyecto incita a que el Poder Ejecutivo, que comanda el jefe de Gobierno, Jorge Macri, colabore en la elaboración de protocolos correspondientes a través de “organismos que estime convenientes”.
La cuota alimentaria es la obligación -en general mensual- que se determina en función de una cantidad de factores, como aporte de los padres para el sostenimiento de los hijos. Si bien no existe una fórmula matemática para determinar el valor de la cuota, por lo general se establece entre el 20% y el 30% de los ingresos totales del progenitor, incluyéndose en este cálculo al aguinaldo, bonificaciones, etc.
Juan Manuel Valdés (UP).Entre los fundamentos del proyecto se encuentran que “los datos demuestran que el incumplimiento de los pagos en concepto de alimentos encuentran siempre la forma de subsistir y es por tal motivo que es necesario seguir construyendo herramientas que toquen fibras sensibles en los morosos”.
Valdés pretende que se realice una “condena social efectiva”
“En este sentido, lo que aquí se propone no es otra cosa que lo ya dispuesto en numerosos fallos judiciales a lo largo y a lo ancho del país: la prohibición de ingreso a eventos deportivos y culturales pagos y masivos a las personas inscriptas en el Registro creado por Ley 269", sostiene el texto.
¿Qué dijo Valdés?
El diputado porteño dijo que en el caso de funciones de cine -donde no se solicita documento para ingresar a la sala- “será un incordio que el deudor asista porque tiene que pedirle a otro que pague por él”.
“Hay un derecho de admisión para los barrabravas, y la idea es que se extienda a deudores alimentarios”
Asimismo, Valdés admitió que los deudores encontrarán formas para “eludir” esta traba y, por otro lado, confió: “Ya estamos hablando de un costo social y dificultad logística que significa recordarle a esta persona permanentemente cuál es su deuda y cuál es la prioridad que debería estar honrando en lugar de gastar su dinero en otra cosa”.
Los padres deudores no podrían acceder a canchas de fútbol.
En tanto, remarcó que “las instituciones privadas tienen que pedir al Gobierno de la Ciudad el acceso al registro” y, en base a eso, “tienen que establecer las formas de exclusión de estas personas”.
Valdés aseguró que si se aprueba este proyecto, “será mucho más efectivo en la cancha” ya que se necesita identificación para ingresar a los partidos en la ciudad de Buenos Aires.
“Hay lugares más chicos que no tienen esa infraestructura que encontrarán otra manera de hacerlo. En definitiva se trata de ir acorralándolos en términos jurídicos para obligarlos a cumplir con esa cuota”, concluyó.
Fuente: La Nación.
