E

l gobierno de la provincia puso en marcha las medidas anunciadas recientemente con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, y en este contexto, determinó, mediante el Decreto 1576 del 24 de junio, que se aplicará un incremento del 3% de los aportes jubilatorios a los activos y pasivos dependientes de la administración pública de Entre Ríos.

Esta decisión del Ejecutivo entrerriano ya comenzó a generar rechazos por parte de diferentes sectores, como legisladores, gremialistas y organizaciones.

Uno de los que se pronunció al respecto fue el senador por el Departamento Uruguay, Martín Oliva, quien cuestionó, más allá del aumento, la forma en que se concretó.

“Cuando nos visitaron en el bloque se entendía que sería un proceso que se iba a dar por la Legislatura y ahora pareciera que va a ser por decreto”, señaló el legislador en declaraciones a Radio Plaza.

Y agregó: “En lo personal pienso que no debe tocarse o intervenirse sobre lo que disponen los trabajadores en sus salarios y habría que buscar diferentes mecanismos consensuados con los trabajadores para organizar el sistema de retiro que administra la provincia”.

“Desde que empezó esto, hace mucho tiempo, ha llevado la relación 4 a 1 y, según lo que nos dijo el titular de la Caja, Gastón Bagnat; está en 1,82 la relación aportante-pasivo. Ese es el concepto inicial que, a título personal, tengo, hay que trabajar en esto, pero de manera consensuada con los representantes de los trabajadores”, opinó.

Martín Oliva.

Más adelante, el ex intendente de Concepción del Uruguay insistió: “Todos coincidimos en que la Caja debe reorganizarse y el gobierno lo está haciendo, pero entendíamos que era una materia de discusión legislativa donde acordáramos con los trabajadores. En lo personal, no hubiese ido nunca en algo que los trabajadores sintieran que iba en detrimento de sus conquistas o sus salarios”.

“Creo que hay que sentarse en una mesa, lo había hablado informalmente, no institucionalmente ni en profundidad, con algunos de los representantes gremiales y creo que todos tienen una visión de que hay que reorganizar. Por eso con ellos y, a lo mejor, en una mesa de trabajo de todos los días, que genere tensión, se podía llegar a un acuerdo, y quizás en algún momento lleguemos a eso en la Legislatura”, apuntó.

Para concluir, sentenció: “A la Caja todos los que habitamos esta provincia sabíamos que hay que ordenarla, pero no es, quizás, la forma en que había que hacerlo”. 

Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), también se refirió al tema y coincidió con el integrante de la Cámara Alta provincial en rechazar la decisión del gobierno entrerriano.

El gremio expuso su postura mediante un comunicado que tituló como “Un ajuste más a nuestros salarios, y en el peor momento”.

El comunicado de AGMER

Otra de las voces que se sumó al rechazo hacia el decreto provincial fue la de Carolina Fischbach, abogada previsionalista y presidente del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quien advirtió acerca de la posibilidad de que se inicien acciones legales sobre la medida, considerando el impacto que la misma podría tener en los salarios de los activos y pasivos.

Así lo reveló la letrada en una entrevista que brindó a Radio Plaza, donde detalló: “Estamos analizando pormenorizadamente si reúne los requisitos para que esto no sea atacado por algún tipo de inconstitucionalidad. Porque toda norma que sale de los distintos poderes puede ser revisada por el Poder Judicial, que es el poder de contralor”. 

Carolina Fischbach.

Para cerrar, Fischbach aclaró que la propia Ley 8.732, de Jubilaciones y Pensiones, aún vigente, establece esta posibilidad en el artículo 12, incluido dentro del capítulo V de la normativa, y especificó: “El Poder Ejecutivo toma el artículo 12, no es que está legislando”.

Pero afirmó: “En la situación de emergencia en la cual estamos, tocar en el 3% el ingreso no es nada gracioso”.

El Decreto