Nación tuvo que ceder en algunos puntos para obtener el dictamen en diputados de la nueva Ley de Bases. Uno fue su negativa de pagar las deudas con las cajas previsionales. Por ellas Frigerio fue a la CSJ.
E
l oficialismo consiguió, mediante el respaldo del sector
dialoguista y con 61 firmas, el dictamen de mayoría de la versión acotada de la
Ley de Bases, el cual planifica llevar al recinto de la Cámara de Diputados el próximo lunes para
darle media sanción.
Para dar este paso adelante en sus objetivos, el gobierno debió dar varios hacia atrás, realizando numerosas concesiones en el armado del texto mediantes las arduas negociaciones que mantuvo en el último mes con los bloques de la oposición dialoguista.
El proyecto cuenta únicamente con el apoyo incondicional del
PRO, mientras que la mayoría del bloque de la UCR adelantó que planteará
disidencias parciales, con algunos nombres que votarán en contra; en tanto que
la bancada Hacemos Coalición Federal se mostró dividido, la Coalición Cívica y
el socialismo, junto a Margarita Stolbizer, presentarán sendos dictámenes de
minoría, y el resto plantearán disidencias en varios artículos.
Lo mismo sucederá con los miembros Innovación Federal, que representa a los gobernadores de Salta, Misiones y Neuquén; y finalmente los bloques de Unión por la Patria y la izquierda, ya anticiparon su rechazo al dictamen.
Las modificaciones y el reclamo de Frigerio
Entre sus puntos más relevantes, este nuevo texto contiene
la inclusión de una reforma laboral acotada, omitiendo artículos que generan
tensión con los referentes de la CGT, también un régimen de incentivo a las
grandes inversiones y la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda declarar
sujetas a privatización una decena de empresas públicas. excuyendo el Banco
Nación y a las firmas subsidiarias.
Además, a último momento, se dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS); y el gobierno tuvo que ceder al reclamo de los gobernadores, entre los que se encuentra Rogelio Frigerio, y los diputados de Hacemos Coalición Federal, quienes intentaron agregar, en ese artículo, la obligación por parte de la Nación de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas.
Este punto tiene una enorme relevancia para el Ejecutivo
entrerriano, ya que recientemente el gobernador Frigerio anunció que
judicializó el reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los
fondos previsionales que se adeudan a las provincias.
Puntualmente, el mandatario señaló que la deuda de Anses con Entre Ríos asciende a 154.000 millones de pesos.
Esta exigencia, junto con la del pago por los excedentes y
regalías de Salto Grande, es uno de los escasos puntos de conflicto entre las
autoridades entrerrianas y el Ejecutivo nacional, con el que Frigerio demostró
siempre un trato cordial y una voluntad de colaboración.
Con el respaldo garantizado por parte del gobernador para la
convocatoria que hizo el presidente Javier Milei para el llamado Pacto del 25
de Mayo, estas modificaciones anunciadas en el proyecto que se debatirá en la
Cámara Baja acercan aún más las partes entre la provincia y la nación.