E

l reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, respaldado por la Ley Ómnibus enviada al Congreso de la Nación por parte del Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei, contempla, entre otros muchos puntos, la derogación de la Ley de Góndolas (Ley Nacional 27.545).

Esta normativa fue creada por la ex diputada Elisa Carrió, sancionada a inicios del 2020, y tuvo como objetivo ampliar el abanico de ofertas de productos, a la vez que resistir el aumento de los precios.

Además, persiguió el fin de sumar como proveedores de los supermercados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y asociaciones mutuales.

Es resumen, buscaba que la diversidad de productos sea mayor para evitar la concentración de mercado que existe en varios rubros del consumo masivo.

Por ejemplo, esta ley estableció que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola, y que de un determinado producto, debe haber como mínimo cinco proveedores diferentes.

Como respuesta al intento de derogación de esta ley, el Bloque Más Para Entre Ríos de la Cámara de Diputados de la provincia propuso una Ley de Góndolas de Entre Ríos.

A través de un documento que llegó a la redacción de INFORME DIGITAL, los legisladores del PJ explicaron los argumentos de su iniciativa, los cuales coinciden en muchos puntos con los que apuntalaron a la ley nacional en el momento de su aprobación.

El counicado del Bloque de Más Para Entre Ríos

El bloque de diputadas y diputados justicialistas resguardan a las pequeñas empresas, cooperativas y consumidores locales ante las medidas del gobierno nacional

Las y los diputados justicialistas impulsan la sanción de un proyecto de Ley de Góndolas Entrerriana para proteger a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas y a los consumidores locales del impacto negativo de medidas impulsados por el gobierno de Javier Milei.

El bloque Más Para Entre Ríos impulsa una norma que promueva condiciones de competencia justa, prohibiendo los abusos de posición dominante en el mercado; y que fortalezca el tejido productivo regional,  garantizando relaciones igualitarias entre los productores locales, las Medianas y Pequeñas Empresas  (MIPyMEs) y los grandes establecimientos comerciales. De este modo, también se garantizará que exista una mayor oferta de productos a disposición de las y los consumidores en las grandes cadenas de supermercados y se defenderá la generación de empleo local.

La iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados busca remediar el impacto perjudicial que tiene la derogación de “Ley de góndolas” nacional impulsada a través del reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70, y que es parte de las políticas promovidas por el actual gobierno nacional para favorecer aún más a las a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, perjudicando a las y los productores regionales.

La norma establece condiciones comerciales justas y equitativas en el trato entre los productores y las MIPyMEs locales con los supermercados e hipermercados; además de sensibilizar a los sobre las ventajas económicas del consumo de productos elaborados en Entre Ríos.

De esta forma las cadenas de supermercados, hipermercados y negocios de igual rubro en la provincia deberán disponer los productos locales “claramente identificados en el lugar de su exhibición, en un espacio visible” manteniendo un porcentaje ecuánime entre lo expuesto por diferentes proveedores, y quedando prohibido que un mismo grupo empresario supere el 40% del espacio disponible de exhibición.

Esta regulación regirá para todo espacio físico, mueble y estantería, en los que se ofrecen productos de similares características, incluidas las puntas de góndola; y también para las locaciones virtuales como páginas web, aplicaciones móviles y tiendas de comercio electrónico o similar.

Además los grandes comercios deberán mantener condiciones de no discriminación y equidad con las empresas proveedoras de los productos alcanzadas por esta ley, respecto los proveedores regulares que no están comprendidos en la norma.

En contra del postulado del “sálvese quien pueda” en el marco del feroz ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, las y los legisladores justicialistas sostienen que la propiedad privada debe tener una función social y estar al servicio del desarrollo equitativo de los ciudadanos y de la provincia, tal como lo señalan la Constitución Nacional y la de Entre Ríos.

Igualmente destacan que la protección de las MIPyMEs, productores primarios y cooperativas que tengan su proceso productivo mayoritariamente en el territorio entrerriano contribuye a una mejor distribución del ingreso y a generar mayores oportunidades laborales.

Será autoridad de aplicación de la ley el Ministerio de Desarrollo Económico y luego de su sanción, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo no mayor a 90 días para reglamentarla.