La jueza de Bacaluzzo los acusó por el delito de vaciamiento. Los apuntados son los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego. También su madre Leonor María Magdalena Barbero Marcial, el dueño de Red Mutual y su hermana.
Juan Diego, Arturo Sebastian, Leonor Marcial y Luis Miguel Etchevehere.
L
os hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere fueron procesados este jueves junto a su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial; el empresario y dueño de Red Mutual, Walter Grenón; y su hermana, Viviana Grenón.
Según consigna Página Judicial, la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo los acusó por el delito de vaciamiento a raíz de una denuncia que inició Dolores Etchevehere en 2013 en el marco de un proceso sucesorio.
La familia del ex ministro de Agroindustria de Mauricio
Macri y el principal aportante a la campaña de Alberto Fernández, es decir,
Grenón, están siendo investigados por una supuesta administración fraudulenta
en la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa que edita El Diario.
La denunciante adelantó que va a apelar loa decisión de
Bacaluzzo por el sobreseimiento de su hermano Luis Miguel en lo que respecta a
la utilización de créditos tomados al banco Itaú para beneficio personal. Lo
que se califica como estafa.
Entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso
fraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada
por el Estado, que habían sido otorgados a para la producción de soja.
Los abogados de Dolores entienden que en “la ruta del
dinero” hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueron
utilizados para financiar el vaciamiento de El Diario.
Esta causa fue cajoneada y se activó en noviembre de 2020,
cuando el militante social Juan Grabois ingresó en Estancia Casa Nueva y
denunció a sectores de la política y al Poder Judicial de ser cómplices de la
maniobra. A las 48 horas, el juez Carlos Ríos (fallecido posteriormente) imputó
a los Etchevhere y Grenón.
Lo cierto es que lo resuelto por Bacaluzzo reconoce la
actividad delictiva de los denunciados.
En mayo de 2018, El Diario despidió sin causa y sin cumplir
con indemnización alguna a 80 trabajadores. La mayoría decidió litigar y en la
actualidad se encuentra con sentencia firme, luego de que la empresa no haya
apelado lo resuelto en primera instancia.
Hace unas semanas Página Judicial dio cuenta de un episodio
que enturbia el proceso judicial que se lleva adelante en el marco del concurso
preventivo. El juez Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia hizo lugar a la
venta de un terreno de 700 metros
cuadrados en el barrio privado Puerto Urquiza en tan solo $8 millones, hasta
cinco veces menos del valor de mercado.
La autorización del juez a los dueños de El Diario (Grenón
fue reemplazado por Ramiro Nieto) tuvo como argumento la necesidad de los
propietarios de hacerse de fondos para el pago de salarios en la empresa que, a
todas luces, es inviable hace años por su inexistente incidencia en el mundo
periodístico y comercial.
La sospecha es que la autorización de venta del capital
inhibido forma parte de una simulación. Es decir, se están autovendiendo a
precio vil para vaciar SAER y proteger esos bienes inmuebles que hoy deberían
estar a disposición para ejecutar las sentencias firmes y favorables que
obtuvieron los trabajadores. Un segundo vaciamiento.
El procesamiento de Bacaluzzo incrementa el estado de
sospecha de los trabajadores sobre el accionar de Moia y la demora en el
proceso cuando no hay nada más para hacer que proceder a pagar las
indemnizaciones fijadas por fallo judicial.
