El Senado aprobó la iniciativa que pretende que la gratuidad solo sea para quienes no posean recursos para cubrir los costos de la atención o tengan Iosper o Pami. Pagarían quienes sean solventes o tengan prepaga u otra obra social.
E
l Senado de Entre Ríos dio media sanción
a un proyecto que propone arancelar la atención en hospitales públicos. La iniciativa dispone
el cobro a personas que cuenten con obra social o prepaga, y también a quienes
no tengan esa cobertura pero posean “recursos suficientes para cubrir los
costos de la atención”. Quedan excluidos las obras sociales estatales Iosper y Pami, y se mantiene la
gratuidad para quienes “no posean recursos suficientes”.
En la 5ª sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la provincia, en el marco del 143° período legislativo, obtuvo media sanción la ley de Arancelamiento y recupero financiero del sistema de salud provincial, una iniciativa de los senadores Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) y Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista).
El encuentro estuvo presidido por el vicepresidente primero del cuerpo, el senador Daniel Olano.
El proyecto busca la administración eficiente del recupero financiero de los recursos que se obtuvieron en el sistema público de salud provincial, a través de las facturaciones a las obras sociales, compañías de seguro, empresas de medicina prepaga, entre otras.
La atención será arancelada para aquellas personas que cuenten con obra social, prepaga, mutual o alguna entidad similar.
De este modo, la atención en establecimientos asistenciales de Salud Pública de la provincia será arancelada para aquellas personas que cuenten con obra social, prepaga, mutual o alguna entidad similar. Sobre esas entidades recaerá la responsabilidad de cumplir con el pago de esa atención. Quedan excluidas de esta disposición las obras sociales estatales Iosper y Pami.
También deberán abonar la atención
en hospitales las personas que no tienen cobertura en salud pero poseen
recursos suficientes para cubrir los costos. La gratuidad de la atención se
mantendrá sólo para quienes “no posean recursos suficientes para cubrir los
costos resultantes de tal atención y no cuenten con cobertura social”.
La iniciativa crea también el Sistema Informático de Gestión y Control de Recupero Hospitalario (SIGCRH), que deberá “sistematizar la identificación de las personas con cobertura” y “facturar los servicios asistenciales brindados por cada efector público”, entre otras tareas.
La gratuidad se mantiene a quienes no puedan afrontar los costos de atención y adheridos a Iosper o Pami.
Por otro lado, se fija un sistema de coparticipación de los fondos recaudados por este sistema, que se distribuirá de la siguiente manera: 2% para el Ministerio de Salud provincial; 40% para el pago de la coparticipación arancelaria hacia todo el personal efectivo o transitorio del escalafón general y enfermería; 28% será administrado por el Efector; y 30% será destinado al pago de honorarios profesionales; de la carrera profesional asistencial sanitaria.
Fundamentos
Al hacer uso de la palabra, el senador Amavet fundamentó la iniciativa, en coautoría con su par Jorge Maradey, mencionando los puntos centrales del proyecto de ley y destacando que “esta ley busca dotar de elementos jurídicos y judiciales”.
El senador Horacio Amavet (PJ), coautor del proyecto.
Por su parte, el senador Jorge Maradey, tras destacar que "mi alegría es doble porque también soy médico”, expresó: “Quiero compartir la satisfacción que experimento cuando vamos logrando mediante nuestro trabajo legislativo sumar aportes y mejoras en la comunidad".
“Este proyecto viene a mejorar el servicio de asistencia sanitaria de los nosocomios públicos y a recuperar parte de la inversión que hace el Estado en materia de salud pública”
En este sentido, Maradey aclaró que "esta iniciativa de ninguna manera afecta la gratuidad del sistema público de salud, un principio general que tanto nos enorgullece como el pueblo argentino”.
Maradey: “Esta iniciativa de ninguna manera afecta la gratuidad del sistema público de salud".
“Con esta legislación estamos priorizando y jerarquizando el derecho a la salud de la población más necesitada de la provincia”, aseveró Maradey, al tiempo que sostuvo que “este proyecto redundará en una mejora en la calidad de atención de las prestaciones sanitarias porque hablamos de un recuperador genuino”.