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l Tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, decidió finalmente fijar una fecha para el juicio contra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, que debió comenzar hace dos semanas. La defensa propuso posponerlo nuevamente aduciendo la situación sanitaria.

La decisión implica que Sergio Urribarri deberá enfrentar un juicio complejo a partir del 27 del corriente mes en una causa donde se reunieron tres legajos.

Después de dos semanas de idas y vueltas, el tribunal decidió fijar una fecha para el debate oral y público luego de que los defensores pretendían llevarlo más adelante. En el medio del debate sanitario entre fiscales y defensores, el gobierno nacional levantó este martes las pocas restricciones que quedaban en los protocolos que rigen por la pandemia de Covid-19.

La resolución.

En los últimos 15 días, en dos audiencias, los defensores intentaron postergar el comienzo del debate oral y público por entender que el cuadro sanitario no es apto para llevar adelante un proceso que cuenta con un número importante de testigos y actores judiciales en cada una de las partes.

La trama se conoce bajo el nombre de “sueño entrerriano”, porque en las tres causas se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para costear la campaña presidencial en 2014.

En la primera audiencia se ausentó el ingeniero Mario Benavente, coordinador responsable del área de Higiene y Seguridad del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había firmado los informes epidemiológicos que daban por aprobadas las condiciones del salón para hacer el juicio. 

Luego de un debate intenso entre el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores por las consecuencias que pueden traer las “macrogotas” y “microgotas” en un ambiente con muchas personas, llegó la noticia que uno de los representantes de la defensa, José Velázquez, estaba aislado. La novedad surgió en el cuarto intermedio de la segunda audiencia, lo que sorprendió a los presentes.

Pero resulta que el día anterior, Velázquez había anunciado por correo electrónico a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que estaba en esa situación, por la cual no asistiría.

"La suspensión resulta inadmisible, porque ya hubo cuatro suspensiones de este juicio, y acceder a una nueva suspensión dejaría el proceso abierto sine die -sin plazo, sin fecha, en latín-, lo que resulta incompatible con las normas esenciales de seguridad jurídica", entendió el tribunal.

El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, decidió finalmente fijar una fecha para el juicio que debió comenzar hace dos jueves. Tras rechazar todos los planteos de los defensores de Urribarri, el megajuicio comenzará el 27 de septiembre, a las 9. 

En este marco, el tribunal desechó el aforo del 70%, y permite que asista la totalidad de los integrantes de las audiencias, 35 personas por jornada, entre jueces, defensores, fiscales y testigos.

Los defensores tienen, ahora, la posibilidad de apelar la resolución ante la Cámara de Casación Penal y luego, en caso de tener un fallo adverso, ante el STJ. El juicio estaba previsto para los días entre el 16 de septiembre y el 29 de octubre. Luego el 15 y 16 de noviembre.

Delitos y penas

Urribarri deberá responder por el supuesto desvío de 47 millones de pesos para la promoción de su figura durante el 2015. Está acusado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los fiscales adelantaron una pena de nueve años de prisión. Los mismos delitos se le atribuyen al ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, para quien pidieron ocho años.

En el juicio los representantes del Ministerio Público Fiscal serán la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

A Aguilera, cuñado de Urribarri, se lo acusan de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

En tanto, los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.

Fuente: Página Política.