Alberto González fue electo nuevo presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La asamblea fue denunciada por irregularidades y apuntan al macrismo de viciar el acto eleccionario.
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a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la asamblea en la cual fue electo como nuevo presidente Alberto González. No obstante, denunciaron al oficialismo, afín al macrismo, por falta de legalidad y legitimidad en la elección por lo que la justicia podría invalidar el acto.
El pasado 19 de agosto se realizó la asamblea donde se renovaron las autoridades de la principal gremial empresaria pyme. Sin embargo, la elección fue denunciada por la oposición de ilegal e ilegítima, ya que señalan que fueron proscriptos como lista opositora y denunciaron que el acto sólo sirvió para que el oficialismo, afín al macrismo, rotase cargos y nombrase a Alberto González como presidente.
Patricia Bullrich saluda al nuevo presidente de CAME, Alfredo González, ante la presencia del saliente Gerardo Díaz Beltrán.
El presidente Alfredo González representa a la Federación Económica del Chaco (FECHACO); en tanto, el vicepresidente 1º, Camilo Alberto Kahale, forma parte de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), como Vicepresidente 2º asumió Fabián Castillo, de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) y, Vicepresidenta 3ª, Claudia Fernández, de la Cámara de Comercio de Ushuaia, entre las principales autoridades. El Secretario de Organización de CAME es el entrerriano Silvio Farach, de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER).
En esta elección, denuncian que el oficialismo de CAME proscribió a la lista Frente Federal Pyme. Hace un año, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya había anulado la asamblea por graves irregularidades cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo había rechazado la apelación de la entidad y le hizo un fuerte llamado de atención al presidente, Gerardo Díaz Beltrán.
Alberto Kahale es el nuevo vicepresidente 1º de CAME
El presidente de nuestra Cámara y de @febaok, Camilo Alberto Kahale fue elegido vicepresidente 1º de la @redcame, la entidad gremial empresaria PYME más importante del país, lo cual nos alegra y enorgullece . pic.twitter.com/xzoEx4cRtB
Voceros sectoriales dieron cuenta que “la actual conducción pretendió aquella vez como hoy también, designar autoridades sin mostrar balances y memorias desde 2019 como exige el Estatuto”.
Denuncias contra el oficialismo
Dentro de las irregularidades que
se viven en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la oposición señala que “uno
de los primeros objetivos de la gestión macrista fue el apoderarse de CAME” con
el objetivo de remover empresarios a los cuales, indican, Mauricio Macri les
debía dinero.
También sostienen que la misma medida se tomó con los sindicalistas
que luchaban por los derechos de los trabajadores, así como con los militantes
de derechos humanos, periodistas críticos, dirigentes sociales y al constructor
de CAME, Osvaldo Cornide.
Acusan al macrismo de apoderarse de la entidad para desplazar a empresarios a los cuales Macri les debía dinero y desprenderse, también, de sindicalistas, periodistas y dirigentes críticos a la actual gestión.
En este sentido, consideran que CAME
fue una de las prioridades macristas y uno de los primeros espacios donde
mediante una asamblea amañada consiguió hacer pie y desplazar a Cornide.
“Los dirigentes de CAME que
reemplazaron a la conducción de Cornide dejaron de velar por los intereses de
las pymes como hacía Osvaldo Cornide y pasaron a velar por los intereses de
Mauricio Macri y su gobierno, quien desencadenó el mayor cierre de pymes de la
historia argentina, superando con creces, a la dictadura y al menemismo”,
argumentan.
En este contexto, señalan que “mientras
las pymes cerraban por la política gubernamental que priorizaba la timba
financiera, la fuga de capitales y el colosal endeudamiento que hoy condiciona
la vida de todos los argentinos, los dirigentes de CAME, se fotografiaban
sonrientes con Macri, Dujovne y cía”.
"Mientras las pymes cerraban por la política gubernamental que priorizaba la timba financiera, la fuga de capitales y el colosal endeudamiento
los dirigentes de CAME, se fotografiaban sonrientes con Macri, Dujovne y cía
", reclaman desde la oposición.
También apuntan al Secretario
General de CAME, José Bereciartúa, quien fue nombrado interventor de la obra
social OSDEPYM. “Le dieron todos los negocios de tercerización a nada más y
nada menos que Carlos Grosso, ex intendente echado por corrupción, que cumplió
una condena y que se convirtió en integrante de la mesa chica de los negocios
del macrismo”, agregaron.
A José Bereciartúa se le atribuyen hechos de corrupción por los cuales había sido desplazado de su cargo en la gestión anterior. Entre otros, le endilgan “contratación de empresas de su familia, fraude electoral documentado, compras sin licitación a precios astronómicos, nunca haber presentado balances, hasta pagos a sus propios abogados con fondos de la mutual”.
La cúpula de CAME, denuncian, vincula toda crítica e intento de presentar una oposición, hoy proscripta, con La Cámpora, a quienes apuntan de querer quedarse con la entidad.
Desde la oposición sostienen que la cúpula de CAME vincula toda crítica e intento de presentar una oposición, hoy proscripta, con La Cámpora. Señalan que el titular de la entidad declaró en diversos medios que está buscando “quedarse con el control” de la CAME, algo que desmintieron.
"El primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la Sociedad Rural de Córdoba. Este dirigente pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos", detallaron, y fue ante esta primera denuncia que la IGJ intervino en el conflicto.
Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.
Otra denuncia
Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el recientemente fallecido, vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información.
Las denuncias apuntan también a la creación de la empresa denominada Pymetic SA, para el manejo de CAME PAGOS, poniendo el foco en el destino final que tenían los fondos recaudados y si las ganancias eran para la Confederación y sus socios, o era parte de una triangulación de empresas, entre las que se nombra a Feentech SA.
Teipesa SA representa el 50 % de Pymetic SA, mientras que el otro 50 % corresponde a una sociedad denominada Feentech SA.
Dicha empresa está en el ojo de la tormenta atento a que el 50 % de lo recaudado en lugar de retornar a sus socios queda en poder de Feentech SA en cuyo directorio esta la esposa del exintendente porteño Carlos Grosso.
Este entramado de empresas y la atípica asociación entre Teipesa SA y la empresa vinculada a Grosso, forman parte de una investigación que complica a la cúpula de CAME.
Desde la IGJ y luego del aval de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, señalan que no ven forma de habilitar la Asamblea en estas condiciones y dan por hecha su anulación.
A raíz de estas irregularidades, se solicitó se realice una auditoría integral de las firmas Teipesa S.A. y Pymetic SA, a lo que se sumó que el consejero Claudio Vodanovich, solicitó la inclusión de un veedor para garantizar la independencia y transparencia de la misma. Pese a los reclamos, la “cúpula” de CAME se negó rotundamente a su tratamiento, no sólo por las irregularidades que podrían surgir de Teipesa SA, sino además por la inexplicable participación de Feentech SA.
La oposición sostiene que "el tema genera un fuerte debate, no obstante lo cual la cúpula de CAME hasta ahora, se mantuvo en la negativa e impidió la realización de la auditoría" y adelantan que "con este panorama, las irregularidades no sólo persisten sino que se acrecientan y se potencian a la luz de las maniobras dilatorias y de ocultamiento de la conducción de CAME. Desde la IGJ y luego del aval de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, señalan que no ven forma de habilitar la Asamblea en estas condiciones y dan por hecha su anulación".
