E

l Senado de la Nación, en la sesión de este jueves, dio media sanción al proyecto por el que se crea el marco regulatorio de la cadena de producción de cannabis medicinal.

La iniciativa que establece pautas también para la industrialización y comercialización tanto de la planta como de las semillas y productos derivados, crea una Agencia Nacional como único órgano autorizado a brindar licencias de producción.

En declaraciones a INFORME DIGITAL, el abogado penalista, Andrés Bacigalupo, explicó que esta ley nacional “avasalla directamente las facultades concurrentes de la Provincia, las facultades legislativas en materia de salud y la reglamentación de los derechos humanos”.

(Imagen: El abogado penalista Andrés Bacigalupo y la Ley Provincial de Cannabis)

En ese sentido, destacó la intervención en la sesión de la senadora por Mendoza, Pamela Verasay, quien votó contra el proyecto manifestando que “tiene falta de federalismo. El marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”.

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— Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 15, 2021

Avasalla el federalismo y la ley provincial

El miércoles 5 de mayo de este año, la Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto que crea el Régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor y a sus derivados.

Audio: El abogado penalista Andrés Bacigalupo y la Ley Provincial de Cannabis

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El abogado penalista Andrés Bacigalupo y la Ley Provincial de Cannabis

Pero esta ley, la 10894, en su artículo 6°, deja expresa la posibilidad de que la Provincia autorice la constitución de empresas “que tengan por objeto la producción de cannabis”.

Esta ley provincial queda en plena contradicción con la ley nacional y sería un avasallamiento del federalismo y la ley provincial según el criterio que manejaron los senadores en la sesión de este jueves.

“Creo que salió a las apuradas. Se cristalizan intereses económicos, dejando de lado cuestiones de despenalización de conducta social y consumo, manteniendo la prohibición de todas las conductas asociadas al consumo en la ley penal. Esto obliga a las personas usuarias de cannabis a solamente ser consideradas personas que cumplen con patologías”, explicitó Bacigalupo.

La experiencia de REPROCANN

Por otro lado, Bacigalupo refirió al Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (REPROCANN), asegurando que “hasta el momento ha generado una gran multiplicidad de inquietudes que este organismo no sabe o no puede responder”.

“Son las asociaciones las que salen a hacer interpretaciones de la mejor manera que pueden pero es un régimen que privatiza en las autoridades nacionales y quita de toda clase de legitimidad y ningunea a las facultades de las provincias y las autoridades locales para garantizar los derechos de los ciudadanos que viven en su jurisdicción”, explicó.