E

n medio de la crisis económica que traza la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional decidió este miércoles prorrogar la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa hasta el 31 de mayo, aunque excluye al sector de la construcción. El decreto que estaba vigente vencía el sábado próximo.

La medida será oficializada mañana a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y que se contextualiza en la emergencia sanitaria y ocupacional.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, es uno de los impulsores de la medida que blinda al empleo.

La extensión de la medida tendrá una novedad: quedará exceptuado de este blindaje al empleo el sector de la construcción, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Trabajo, que encabeza Claudio Moroni. Ayer, de hecho, el Gobierno anunció beneficios para este rubro, como créditos y un blanqueo para fomentar más inversiones. Con protocolos, la construcción es una de las industrias que se reactivó con ímpetu tras el parate obligado del año pasado.

En paralelo a la prohibición de despidos, el Gobierno estableció el año pasado la doble indemnización como blindaje al empleo. Pero desde enero, a esta vía de desvinculación se le fijó un tope de 500.000 pesos.

La extensión de la medida fue uno de los pedidos que la CGT activó ni bien recrudeció la pandemia y se entró en la segunda ola de rebrotes. El reclamo sindical, de hecho, había llegado hasta el Presidente, que ayer mismo escuchó de la boca de un jerárquico cegetista la preocupación por una eventual pérdida masiva de empleo ante las nuevas restricciones que impone la peste.

En varias oportunidades, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, defendió “el encarecimiento” de las desvinculaciones, aunque siempre se refirió a una “medida extraordinaria”, como también lo es la prohibición de despidos.

Ambas iniciativas, rechazadas por las principales cámaras empresariales, habilitaron como único atajo para instrumentar suspensiones o rebajas salariales el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que fija una instancia obligatoria de negociación entre los empleadores y el sindicato más representativo.

“Lo ideal sería que la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización se mantengan hasta que la economía vuelva a reactivarse”, planteó la semana pasada un jerárquico de la CGT.

Ayer, el Presidente le garantizó a un dirigente gremial que recibirá a la cúpula de la CGT en Olivos posiblemente la semana que viene. La crisis de varias obras sociales sindicales y el acuerdo de precios y salarios son algunos de los temas que prevén charlar los sindicalistas.

Si bien hubo un leve repunte del empleo en el último mes, en el Gobierno miran con atención el impacto que pueda tener la segunda ola de contagios, que amenaza con detener a la fuerza el músculo productivo de varias industrias. El año pasado, por la cuarentena, se perdieron 4 millones de empleos, según registros oficiales.

Fuente: La Nación.