Diputados provinciales del Frente Creer-PJ proponen una declaración para que la Cámara exprese su apoyo y adhesión a la decisión del Presidente de promover una querella criminal por la toma de deuda con el FMI.
L
os diputados provinciales de la bancada del Frente Creer presentaron un proyecto de declaración para que la Cámara exprese su apoyo y adhesión a la decisión del Presidente Alberto Fernández de promover una querella criminal por los procedimientos en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y el destino dado a esos fondos, durante el gobierno del ex-Presidente Mauricio Macri.
El diputado Néstor Loggio, uno de los impulsores del proyecto, junto al presidente Alberto Fernández.
“En nuestro rol de representantes del pueblo entrerriano, en sus diferentes orientaciones y preferencias políticas, acompañamos y saludamos la iniciativa histórica de investigación, revisión y juzgamiento de las sospechadas irregularidades administrativas, jurídicas e institucionales cometidas en el proceso de toma del crédito más alto de la historia del país y del propio FMI, con objetivos inconfesables, metodologías oscuras y discrecionales, a espaldas de la ciudadanía y sus representantes, y con un destino final tan ilegítimo como ruinoso para nuestro país”, expresa en el inicio el proyecto de los legisladores justicialistas que tomará estado parlamentario esta semana en la Cámara de Diputados provincial.
Firmaron la iniciativa los legisladores Néstor Loggio, Jorge Cáceres, Vanesa Castillo, Stefanía Cora, Mariana Farfán, Silvia Moreno y Leonardo Silva.
“La historia de nuestro país está colmada de procesos político-económicos nefastos, que en su desgraciada acumulación han generado inmenso daño a decenas de generaciones de argentinos, y que condicionan permanentemente el desarrollo económico y social tanto de las finanzas públicas como de las economías particulares de los ciudadanos”, describe en otro tramo.
“La gran mayoría de las crisis y de los problemas económicos nacionales tiene su origen en proyectos específicos de algunos sectores socioeconómicos que se han beneficiado miserablemente de ellos, a costa de la destrucción del aparato productivo, de la entrega de la riqueza nacional, y del empobrecimiento del resto de la ciudadanía”, detalla.
En el escrito se menciona que la Argentina tuvo 54 Presidentes. “La inmensa mayoría endeudó el país y solo tres de ellos no tomaron deuda: Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Illia. Únicamente dos mandatarios lo desendeudaron: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Uno lo endeudó más que nadie: Mauricio Macri”.
Los diputados del PJ piden conocer el destino de los fondos del empréstito tomado por la administración Macri.
“El inmenso poder económico, social, cultural y mediático que siempre detentaron y continúan ejerciendo esos sectores en la sociedad, ha permitido que aún retirados del manejo del Estado al cual endeudaron ilegal, ilegítima y despreciablemente, se mantengan liberados de toda carga jurídica, de sentencias políticas e incluso sociales”, precisa.
“La querella que está impulsando Alberto Fernández significa un hito en el sentido de modificar este aspecto clave de nuestra errática historia económica, tanto porque en un Estado de Derecho los responsables deben pagar por sus actos, como también para que esta dinámica reiterada de entrega del patrimonio nacional, compromisos imposibles, ajustes obligados y pobreza no continúe con sus ciclos destructivos”, resalta.
“Como legisladores y legisladoras no podemos menos que cuestionar firmemente, además de los delitos administrativos y la malversación de fondos, la practica antidemocrática de ignorar deliberadamente, como se hizo, al Congreso en el debate sobre semejante definición del futuro económico soberano”, continúa el proyecto, y detalla: “Por ello una de las primeras iniciativas conjuntas del Frente de Todos en el gobierno nacional fue sancionar recientemente en el Congreso la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, cuyo principal objetivo es regular la toma de deuda en moneda extranjera por parte del Estado”.