Una joven desapareció en Carlos Paz y este lunes se realizó el operativo de búsqueda, a partir de las pistas dadas por su expareja, un piloto entrerriano. Está pendiente un proyecto de cárcel de una diputada entrerriana.
J
avier Galván, piloto entrerriano de la Fuerza Aérea, quedó
a disposición de la Justicia desde este lunes tras ser detenido por su presunta
participación en la desaparición de Ivana Módica, con quien mantenía una
relación desde hace dos años.
El militar está acusado de falso testimonio y entorpecimiento de la investigación luego de que se comprobara que dio pistas falsas que desviaron la búsqueda de la mujer hacia lugares en los que nunca estuvo.
La búsqueda de Ivana se concentró este lunes en la zona del Dique de La Falda y el complejo 7 Cascadas.
Galván declaró que dejó a la mujer durmiendo en su casa el viernes pasado y deslizó que una de las posibilidades era que haya salido a caminar por el cerro La Banderita, lugar en el que se hizo un fuerte rastrillaje en los últimos días.
La hija de Ivana, Nicole, fue la primera en desconfiar de los dichos de Galván al señalar que su planteo era una especulación propia.
Podes leer más al respecto en nuestra sección Entre Ríos en los medios nacionales:
Detuvieron al novio de Ivana Módica, la mujer desaparecida en La Falda
La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja, presentó un proyecto que busca modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género.
En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos propone dos supuestos, el primero que considera la situación cuando la “desobediencia” del agresor se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la pena será de 3 a 5 años de prisión.
En el segundo caso se trata de aquellas situaciones donde la desobediencia se dé frente a una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la cual la pena también será de 3 a 5 años de prisión.