
El resultado fue casi un calco del que, en sentidocontrario, se registró hace poco más de dos años atrás, cuando Mauricio Macripermitió que el Congreso debatiera por primera vez un proyecto de legalizacióndel aborto. En aquella oportunidad, el texto fue rechazado por 38 votos encontra y 31 a favor.
Después de la sanción de la legalización del aborto, siguióel mismo camino la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Saluddurante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido como el Plan de los mildías, que establece el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarseuna vez por año para ayudar al cuidado de cada niño menor de tres años.
La certeza de que el proyecto se encaminaba hacia su sanciónse produjo antes de la medianoche, cuando StellaMaris Olalla (UCR-Entre Ríos), la provincial Lucila Crexell (MovimientoNeuquino) y el peronista tucumano Sergio “Oso” Leavy dejaron de jugara la escondidas y revelaron que apoyarían el proyecto.
Crexell fue una de las senadoras que cambió su voto conrelación al debate del aborto en el Senado de 2018. En aquella oportunidad, lapatagónica había optado por la abstención. Más radical aún fue el giro de laoficialista Silvina García Larraburu (Río Negro), que confirmó en el inicio dela sesión que su voto “celeste” de hace dos años había girado a uno”verde”. También cambió su voto Leavy, quien pasó a apoyar lainiciativa, pese a que en 2018, como diputado, había rechazado la legalización.
Apenas iniciado el debate, y para garantizarse los votos quelo acercaran de manera definitiva a la sanción de la norma, el Gobierno habíaanunciado su disposición a modificar el texto de la eventual ley al momento desu promulgación. El objetivo era evitar que el proyecto volviera modificado aDiputados, lo que hubiese demorado su sanción.
Con esa modificación apostó a garantizar el voto de doslegisladores que en las últimas horas habían coqueteado con la posibilidad deabstenerse: el provincial Alberto Weretilneck (Río Negro) y Edgardo Kueider (Entre Ríos). Laefectividad de la jugada quedó confirmada durante la madrugada. Ambos votaron afavor.
Además de la puja dialéctica de posturas irreconciliablesentre la defensa de la vida, que esgrimieron los “celestes”, y elderecho de la mujer a disponer de su cuerpo, que sostuvieron los”verdes”, durante el debate se escucharon fuertes cuestionamientospolíticos por el “oportunismo” del Gobierno de usar el debate delaborto para tapar el fracaso de sus políticas en otras áreas.
“Todos están siguiendo lo que sucede acá mientras en laCámara de Diputados se está perpetrando el ajuste a nuestros jubilados”,denunció la radical María Belén Tapia (Santa Cruz), para quien el debatesimultáneo en ambas cámaras legislativas formó parte de un plan deloficialismo.
Aunque menos virulentas, desde el sector “celeste”del Frente de Todos también se escucharon reproches al Gobierno. El chaqueñoAntonio Rodas aseguró que el proyecto viola la Constitución Nacional y se quejóporque no se realizó una consulta popular. “Estamos dejando de lado la opinióndel pueblo argentino en su totalidad”, protestó.
Más quejas
Otro oficialista “celeste”, el misionero MauriceCloss, criticó la jugada del Gobierno de modificar la ley al momento de supromulgación (“no parece la técnica legislativa más acertada”, dijo”),al tiempo que confrontó el “centralismo” del discurso”progresista” de los sectores proaborto con la opinión mayoritariacontraria que, dijo, existe en amplias regiones del país.
“Nos vienen a correr con que esto es ampliación dederechos, que esto es progresismo. Podrá ser la visión del paradigma de unmomento y en un lugar de la historia, pero no del país profundo”, protestóCloss.
“La única forma de contar los porotos hubiera sido unplebiscito”, agregó, coincidiendo con Rodas. La defensa del proyectoestuvo cargo de la oficialista Norma Durango (La Pampa). “Si hay derecho aquerer ser madre también tiene que haber derecho a no querer serlo”,afirmó la presidenta de la Banca de la Mujer.
Por su parte, María de los Ángeles Sacnun (Frente deTodos-Santa Fe) rechazó la idea de que la Constitución defiende la vida desdeel momento de la concepción, al afirmar que ese derecho es “gradual eincremental”.
“Si seguimos en estas condiciones, las criminalizadasson las mujeres pobres, porque hay una política penal selectiva en el país queavanza contra las mujeres pobres; las otras se lo practican (el aborto) en unaclínica privada, pagando costosos honorarios”, completó la presidenta dela Comisión de Asuntos Constitucionales.