E

l tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves 22 de octubre para deliberar respecto a una serie de planteos que los jueces le hicieron al Ministerio Público Fiscal (MPF). Los magistrados plantearon inquietudes respecto a pormenores del acuerdo entre la defensa de José Ángel Allende y los fiscales. 

Entre otros planteos, los magistrados interrogaron a los fiscales respecto al corte realizado por los investigadores (se investigó hasta 2016), al modo de valuar la multa de $3.000.000 solicitada por los representantes del MPF y otras cuestiones vinculadas a la unificación de todos los expedientes que involucran al exdiputado provincial como acusado. 

La audiencia en la que los magistrados comunicarán su resolución respecto al juicio abreviado será el próximo jueves a partir de las 8.30 horas. Los jueces podrán homologar el acuerdo o suspenderlo y disponer que se resuelvan las acusaciones bajo la modalidad tradicional y/o por separado cada expediente. 

Una extensa audiencia

Este miércoles se desarrolló la audiencia de juicio abreviado en donde el MPF logró exponer las pruebas que condenan a Allende por haberse enriquecido ilícitamente y haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la fución pública. Además, se expusieron los pormenores de las amenazas por las que Allende también fue acusado, tanto al periodista Martín Carboni como a la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez, que estuvo presente en la audiencia. Carboni estuvo representado por el abogado Rubén Pagliotto y Velázquez fue representada por María Fernánda Vázquez Pinasco, quien se manifestó crítica con la decisión de que sea incluído en este juicio abreviado lo referido a las amenazas en contra de la titular de la cartera sanitaria. 

"Entendemos que con los elementos probatorios que obran en el expediente del Juzgado de Transición y las evidencias recolectadas en el marco de los legajos de UFI, a las que las partes le hemos acordado valor probatorio, ha logrado acreditarse en grado de certeza los hechos imputados al encartado, como su participación en los mismos", aseguraron los fiscales Laura Cattaneo, Álvaro Piérola y Leandro Dato.

Los abogados Federik y Rodríguez Allende, defensores de Allende.

Entre otros elementos, Cattaneo expuso el listado de algunas de propiedades con las que contaba la familia Allende: un yate nombrado Guadalupe (cuyo valor es de U$s 49.500, siempre valor a dolar de septiembre del 2018); inmuebles en Nogoyá y dos terrenos contiguos con mejoras que implican un valor total de $21.323.890 equivalente a U$s 559.682,15; inmuebles en 3 terrenos contiguos ubicados en Quebracho, departamento Paraná, en un valor de $39.686.446 (equivalente a U$s 1.041.639); y un inmueble en la Isla Puente de Paraná valuado en $6.578.893 (equivalente a U$s 172.674,36).

Según consignó Análisis, la causa contó con una profusa carga probatoria que incluyó diversos informes tendientes a comprobar la magnitud de su enriquecimiento e incluso se utilizó prueba que el propio Allende ofreció ante su presentación espontánea ante la Justicia. Es decir, el aporte del propio Allende colaboró para su incriminación. 

Los fiscales Cattaneo, Piérola y Dato.

Como principales pruebas, los fiscales expusieron documental reservada y un informe técnico pericial contable realizado por el contador Héctor Enrique, integrante del equipo pericial contable del MPF. Entre otras pruebas, forma parte del expediente la investigación periodística de Análisis fechada el 19 de abril del 2012 en donde se denunciaron los hechos y logró que se abriera una investigación para corroborar lo expuesto por este medio. 

En lo que hace a la pena, Cattaneo expresó que se fijó una multa por encima del monto legal que equivale a un 60% del enriquecimiento ilícito probado: "Solicitamos que se imponga por los delitos de enriquecimiento, negociaciones, coacciones, amenazas en el marco de violencia de género, Todos en concurso real, la pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional más una multa de $3.000.000 e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos". 

La abogada Pinasco junto a la ministra Velázquez.

Además, se ha dispuesto que debe fijar domicilio, que no realice actos violentos contra sus víctimas, que no realice actos de violencia de género ni de verse involucrado en cualquier comportamiento violento. 

También se acordó el decomiso en favor del Estado de los efectos del delito cometido que recae sobre el patrimonio injustificado. Se determinó el decomiso de 2 bienes inmuebles (el de calle Laprida y la propiedad ubicada en el Parque Urquiza de Paraná sobre calle Castelli). El monto de los decomisos supera el valor del enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado. El edificio del Parque Urquiza será destinado al Consejo de la Magistratura, mientras que la propiedad de calle Laprida será destinada a ser sede de la Unidad Fiscal de Violencia de Género.