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ergio Urribarri rechazó las imputaciones que tiene en su contra la causa donde está imputado por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. Allí está implicado Diego Cardona Herreros. La causa se inició en 2017 cuando se reveló la relación de amistad entre ambos mientras la entonces administración realizaba contrataciones con el empresario paraguayo en materia de servicios catastrales.

El ex gobernador, ahora embajador en Israel y Chipre, debía declarar vía Zoom este martes ante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano,  pero lo hizo por escrito y luego dio algunos detalles a la prensa.

En el comunicado, Urribarri hace saber que rechaza todas las imputaciones en su contra por supuestas irregularidades y aseveró que todas sus acciones de gobierno fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control del Estado. Es el argumento que viene esgrimiendo su defensor, Raúl Barrandeguy, en las demás causas, refirió el sitio Página Judicial.

En este legajo también están implicados el actual titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el ex secretario de Hacienda, José Humberto Flores; el ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone; el ex director General de Informática, Carlos Haidar; y directivos de la empresa de Cardona, realizadora de software en materia catastral.

“Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana”, afirmó.

Y agregó: “Nada va a poder borrar las 154 escuelas nuevas que hicimos, los hospitales, los 1.800 kilómetros de rutas, las 20.000 soluciones habitacionales, los centros de convenciones, los 1.700 kilómetros de fibra óptica, uno de los dos centros de medicina nuclear más avanzados del país, la estación transformadora de energía de Paraná, la reducción de la mortalidad infantil al nivel más bajo de la historia, la declaración de provincia libre de analfabetismo y, en general, una gestión que reparó deudas históricas con acciones que todos los entrerrianos tienen muy presentes”.

Más adelante, repasó que entre 2007 y 2015 Entre Ríos se convirtió en una provincia “de perfil agroindustrial, se incentivó el conocimiento y se diversificó la producción”. Habló de trabajo registrado, salario real, reducción del trabajo infantil, crecimiento de la clase media y exportaciones de manufacturas.

Urribarri es embajador argentino en Israel y Chipre.

“En esos años, Entre Ríos fue la principal productora avícola, de cítricos dulces y de arándanos del país; la segunda productora nacional de arroz, del sector apícola y de insumos farmacéuticos y veterinarios; la tercera productora nacional en el sector ganadero y foresto industrial; y la cuarta provincia productora de oleaginosas, lácteos y porcinos”, se jactó el embajador, como si estuviese en una entrevista periodística narrando su gestión.

 Estar a derecho

“Todos los actos de mi gobierno que se investigan fueron realizados con la aprobación previa y posterior de los organismos de control. Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad”, insistió Urribarri y volvió a repetir que su gestión fue “regular y legal, y que toda la documentación respectiva fue preparada por las líneas técnicas del Estado provincial”  y que “todo el gasto insumido fue erogado con la intervención de todos los órganos de control: Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo al considerar la cuenta general del ejercicio”.

Más adelante, se indica que “las licitaciones analizadas concretaron actos regulares inscriptos en el marco más estricto de las competencias y funciones de gobierno y como tales son definibles como cuestiones políticas no judiciables”.

“Las contrataciones fueron absolutamente legales y se dispusieron para atender los fines públicos legítimos fijados en los decretos que las ordenaron y las aprobaron, con los fundamentos sólidos que ellos explicitan”, afirmó el ex gobernador.