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a Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia acordó la creación de una subcomisión que se encargará de investigar las denuncias por espionaje ilegal formuladas por familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido a finales de 2017. Los designados para esa tarea son la diputada peronista de Entre Ríos Blanca Inés Osuna y su colega Eduardo Félix Valdés, ambos por el Frente de Todos, y el legislador Sebastián García De Luca, por Cambiemos.

Además, entre otras cuestiones, los legisladores de la comisión analizaron --no sin debate-- el tema de las “filtraciones” de datos clasificados enviados desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Justicia Federal de Lomas de Zamora. El tema dio lugar a cuestionamientos entre los legisladores oficialistas y de la oposición.

Todo surgió por el escrito enviado por la interventora en la AFI, Graciela Caamaño, al juez de Lomas de Zamora Federico Villena. En el texto aparecieron los nombres completos de varios agentes de inteligencia, muchos de ellos cumpliendo misiones en el exterior.

En la reunión plenaria del cuerpo legislativo, presidida por su titular, Leopoldo Moreau, se aprobó, tal como se adelantara, que el criterio será el de abrir “un sumario de investigación paralelo a las investigaciones que se están realizando” en la Justicia Federal de Mar del Plata, a cargo del fiscal general de esa jurisdicción, Daniel Adler, donde están declarando los familiares que denunciaron “irregularidades” notorias en sus aparatos de telefonía celular.

Los miembros de la subcomisión recibirán las denuncias realizadas por los familiares de los tripulantes del submarino, que desde abril de 2018 vienen denunciando “pinchaduras” en sus celulares y la desaparición de fotos y mensajes intercambiados con los tripulantes de la nave.

"Desde la máxima jerarquía de la administración del Gobierno a cargo de Macri se sospecha que se mandó a espiarlos ilegalmente"

Osuna: "Recibiremos los diversos testimonios"

Tras la confirmación de la subcomisión, la diputada Osuna explicó las tareas que realizarán: "Recibiremos los diversos testimonios, se realizarán los análisis de las declaraciones y documentación pertinente con la finalidad de fiscalizar y comprobar si  el funcionamiento de los organismos de inteligencia se ajustaron  estrictamente a las normas constitucionales y  respetaron  las garantías individuales o por el contrario desarrollaron accionar ilegal penado por ley".

Asimismo, dijo que "los familiares  lucharon estos dos años, desde aquel 17 de noviembre, por verdad y justicia. Mientras desde la máxima jerarquía de la administración del Gobierno a cargo de Macri se sospecha que se mandó a espiarlos ilegalmente. Una práctica que está probada, se aplicó de manera sistemática contra partidos políticos, periodistas, opositores, movimientos sociales, empresarios, sindicales e incluso familiares y miembros de su propio partido. Esa es la tarea que nos corresponde investigar hasta sus últimas consecuencias  tal cual lo establece la ley que regula la inteligencia en nuestro país".