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n la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que respalda al decreto nacional que declara servicio público esencial a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga.

En las voces de los diputados Gustavo Cusinato (UCR) y Nicolás Mattiauda (PRO), el interbloque de Diputados de Cambiemos rechazó el proyecto que respalda el decreto nacional.

El radical, que fue integrante del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) en sus tiempos de legislador nacional, consideró que “este tipo de medidas no resuelve las brechas digitales” y advirtió que "el Estado ni siquiera es capaz de garantizar servicios como agua o gas, por lo que mal podrá hacerse cargo de inmensas inversiones en materia de TICs".

En ese marco, Cusinato sostuvo que “si hay algo está funcionando bien y en lo que ha habido grandes inversiones son justamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, por lo que calificó como “un retroceso” la posibilidad de modificar este esquema.

“Este tipo de medidas no resuelve las brechas digitales y trae más problemas que soluciones”, afirmó luego Cusinato.

“El temor es que en la medida en que estas tecnologías se vayan transformando en servicios públicos será muy difícil que se realicen las inversiones necesarias debido a que se trata de un sector en el que la tecnología cambia día a día y las inversiones son permanentes”, advirtió el legislador.

Y fue más allá al decir que “al estar considerados como un servicio público, deberá ser el Estado el que se haga cargo de las inversiones, si es que no lo hacen las empresas privadas”.

Por su parte, Nicolás Mattiauda  (PRO) también presentó un proyecto sobre el tema pero bajo una mirada distinta.. Sostuvo que la declaración de internet, telefonía y TV paga como servicio esencial “pone en riesgo a decenas de empresas locales de cable” y “el congelamiento de tarifas hace peligrar la continuidad del servicio por parte de estas empresas”.

“En Entre Ríos hay casi 180 empresas locales que proveen cable e internet, generalmente a localidades pequeñas a las que no llegan las grandes empresas de telecomunicaciones. Se trata de una actividad que genera actividad económica, empleo y a la que están vinculadas más de siete mil entrerrianos”, indicó.

“Son estas empresas privadas las que llevan el servicio a 1650 escuelas primarias y secundarias de la provincia, por lo que si éstas están en riesgo también se pone en riesgo la igualdad del sistema educativo y todas las otras actividades vinculadas a la salud, el comercio, la industria, etc”, concluyó Mattiauda.