L

os fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano comenzaron a investigar las presuntas irregularidades en la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, luego de que se revelara que se depositó durante muchos años los haberes a 80 jubilados que ya habían fallecido.

Se constató que en 62 cuentas se hallaba la totalidad del dinero, pero que había 18 casos en los cuales alguien había ido retirando los haberes, lo cual constituye un delito.

El ex presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y actual asesor en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación, Daniel Elías, explicó que fue "una falla del sistema" y bregó para que se investigue "dónde falló el sistema nacional y cuáles fueron las causas porque las que se informaron tardíamente los fallecimientos".

Sin embargo, su sucesor, Edgardo Scarione, actual presidente de la Caja, aclaró que "decir que falló solo el sistema nacional sería parcializar el tema. Creo que hubo una serie de causas por las cuales pasó" y  dijo que "conociendo este tema, Elías, el día antes de mi asunción, pidió una actuación administrativa para que realice los controles pertinentes",.

El actual titular de la Caja mencionó que firmaron un convenio con el Registro Civil, "lo que nos permite cruzar datos y bloquear cuentas de personas que fallecen en esta jurisdicción".

"Obviamente dependemos de la información nacional, para el resto de los fallecidos de fuera de la provincia de Entre Ríos", acotó el funcionario.

Scarione aseguró que "es un porcentaje minúsculo el que ha percibido haberes después de muerto el beneficiario. Seguimos investigando y reclamando y nos sigue devolviendo dinero".

Y destacó que la Caja de Jubilaciones "recuperó alrededor de 60 millones de pesos. Estas son cifras que vamos actualizando día a día. Son fondos que estaban depositados en las cuentas del Banco de Entre Ríos" y que nadie había retirado.

Montos y cantidad de involucrados

Si bien en principio se había dejado entrever un perjuicio mucho mayor para las arcas provinciales, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que el total de lo percibido por estos 18 beneficios ascendería a unos 8 millones de pesos que, actualizados, podrían duplicarse.

"Hay una causa iniciada en el Tribunal de Cuentas porque el mismo presidente de la Caja de Jubilaciones verificó que había irregularidades en la información que envía el Sistema Nacional Tributario y Social (SINTyS) que informa sobre el fallecimiento de personas fuera de la Entre Ríos, porque dentro de la provincia, lo hace el Registro Civil", aclaró.

"Lo grave es que hay 18 personas a las que alguien les cobró la jubilación. Claramente hay un delito penal, además de la irregularidad administrativa", advirtió el fiscal de Estado.

"Alguien cobró las jubilaciones por esas 18 personas fallecidas. Por un lado está el proceso penal, pero Fiscalía de Estado debe determinar el perjuicio y tratar de recuperar esos fondos", enfatizó.

Añadió que "estas es una investigación preliminar, hay que profundizar. Pero el expediente del Tribunal de Cuentas, respecto de estas 18 personas, sumaría unos 8 millones de pesos, pero con intereses y actualizados, seguramente se duplique esa cantidad".

La investigación penal se inició tras la publicación de la revista Análisis de este jueves, donde se reveló el caso.

(Fuente: El Once)