La jueza de primera instancia en lo Civil y Comercial, Elena Albornoz, convocó a una audiencia entre los representantes de los sindicatos y del gobierno provincial ante el pedido de inconstitucionalidad de artículos de la ley de emergencia.
La justicia “convocó a las partes para el 18, a las 8.30, en el salón 11, para escuchar las posiciones y promover el diálogo ante el pedido de inconstitucionalidad de los artículos cuatro, cinco y diez de la Ley 10.806, que declaró el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en Entre Ríos”, informó a el secretario general de la Asociación de Trabajadores del estado (ATE), Oscar Muntes, a AIM.
El dirigente, recordó que “la acción de inconstitucionalidad lo impulsaron ATE junto a la Asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de Enseñanza Técnica (Amet) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), ya que la norma vulnera los derechos de los trabajadores activos y de facto el 82 por ciento móvil en la provincia”.
Al respecto, Muntes apuntó la norma “es un brutal ajuste sobre los trabajadores, ya que la Ley implica congelamiento de salarios ante un escenario inflacionario y que el 64, 5 de los recursos serán aportados por los trabajadores jubilados y activos (al modificarse el 82 por ciento móvil y aumentar las cargas sobre salarios); el 15.7 por bancos y financieras; y el 7.1 propietarios de más de 1000 hectáreas”.
Paritaria
Mientras la puja por la ley se da en la Justicia, gremios y gobierno entrerriano comenzarán finalmente la dilatada negociación salarial de este año.
El ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, reconoció que están “evaluando alguna convocatoria a los gremios. Tenemos que ver la forma, no sabemos si virtual o con algún representante, pero consideramos que tenemos que hacerlo”.
“Estamos trabajando con alternativas para seguramente en el corto plazo estar convocando a los gremios”, confirmó el ministro.
Los dichos de Ballay llegan en una nueva semana marcada por paros virtuales de AGMER, el mayor sindicato docente de la provincia, en reclamo por la convocatoria del gobierno. Entre Ríos se aprestaba a tener sus negociaciones salariales del sector público cuando desembarcó la pandemia, se implementó el aislamiento obligatorio y desde entonces nunca más se retomaron.
