H

ace dos semanas que cada persona que quiera ingresar a Corrientes debe realizarse un hisopado obligatorio y  abonar los $5.300 pesos del test, de acuerdo a una disposición del Gobierno de la vecina provincia.

Las únicas tres exenciones son el personal de Fuerzas de Seguridad, los periodistas y los trabajadores de transporte internacional de mercaderías. Los ingresos a la provincia controlados incluyen dos fronteras con Entre Ríos: Mocoretá y Paso Tuna.

En ese contexto, diputados de la oposición presentaron un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo entrerriano para saber, primero, si "se encuentra en conocimiento del cobro", por parte del gobierno la Provincia de Corrientes, del hisopado obligatorio; y, en segundo lugar, "si ha tomado contacto o ha iniciado gestiones con el gobernador de la vecina provincia (NdeR: Gustavo Valdés), a efectos de intentar solucionar esta problemática".

El pedido está firmado por el bloque del PRO: Nicolás Mattiauda, Esteban Vitor, Manuel Troncoso, Jorge Satto, Martin Anguiano y Ayelén Acosta.

En particular, quieren saber si la ministra de Gobierno, Rosario Romero, ha tomado contacto con su par de la provincia de Corrientes para "llevar a cabo políticas de gobierno conciliatorias, a fin de resolver la mencionada cuestión".

Y también apuntan al Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico Juan José Bahillo, por si se ha comunicado con su colega correntino para "trazar un plan para salvaguardar los intereses de quienes desarrollan ciertas actividades productivas, comerciales, o industriales y se ven afectados por esta situación".

La medida de la provincia vecina se implementó a partir de un decreto basado en una resolución del Ministerio de Salud de Corrientes. "Es evidente que esta situación, generaría una serie de conflictos relativos a la libertad de circulación interprovincial, al transporte, al comercio y a la producción", consideraron los legisladores entrerrianos.

"Se trata de una medida no solo arbitraria, sino también disuasiva, dado que su alto costo, impide el ingreso a aquellos que no cuentan con suficientes recursos económicos para hacer frente a la misma", advirtieron desde el PRO.

En este marco, añadieron que "afectaría a todos los entrerrianos que necesiten, inexorablemente, dirigirse hacia la provincia vecina" y "perjudicaría, en mayor medida aun, a quienes desarrollan ciertas actividades productivas, comerciales, o industriales que no se encuentran exceptuadas".