E

l gobierno provincial anunció medidas “inmediatas y de fondo para hacer frente al daño ambiental que genera la quema de pastizales en el Delta”. Entre ellas, “constituirse como querellante en la causa penal; convocar a los propietarios de las tierras, en su mayoría santafesinos, a un encuentro en Victoria; presentar de oficio documentación ante la justicia federal; e impulsar un proyecto de ley para regular el uso de las tierras fiscales, entre otras”, según informó en un comunicado.

Las decisiones se tomaron luego de un encuentro que encabezó el gobernador Gustavo Bordet en la Casa Gris con la vicegobernadora Laura Stratta, el fiscal de Estrado Julio Rodríguez Signes, y los ministros de Producción y Turismo, Juan José Bahillo y de Economía, Hugo Ballay. El mandatario entrerriano “está en permanente contacto con su par santafesino, Omar Perotti, para delinear estrategias conjuntas”, agregó la información.

“La quema de pastizales impulsada por productores ganaderos en las islas de Entre Ríos, que es una práctica que lleva años y se agudizó en las últimas semanas, sigue produciendo una invasión de humo y cenizas en Rosario y en distintas localidades de la región. Los brigadistas del Plan de Manejo del Fuego de Entre Ríos monitorean y combaten los incendios en las islas, especialmente los registrados en cercanías a viviendas rurales. Este trabajo se realiza junto con Protección Civil de Santa Fe y la Policía entrerriana”, detallaron además.

“A su vez, el gobierno entrerriano avanza con acciones ante la justicia contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona”.

Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada el mes pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes.

En ese marco, Bordet decidió este lunes que el Estado entrerriano se constituya como “querellante particular” en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

“La constitución como querellante implica ya que tomamos parte del ejercicio de la acción penal, con lo cual podemos producir pruebas, proponer medidas dentro del juicio, es decir, implica un rol más activo por parte del querellante. Eso es lo que el gobernador decidió hacer en el día de la fecha”, explicó el Fiscal de Estado.

En ese sentido, remarcó que en la denuncia promovida por el gobierno “el bien jurídico protegido es el ambiente”, y que se responsabiliza “a los propietarios que civilmente tienen responsabilidades”.

“Patrimonialmente hay una responsabilidad por ser el dueño del inmueble”, expresó el funcionario entrerriano, y agregó: “Entonces nuestra idea es concientizar a los propietarios que acá no solamente hay una cuestión de sanción penal, sino también civil, de daño ambiental que le va a terminar provocando a ellos un perjuicio”.

El objetivo es que los arrendatarios y los propietarios “colaboren con el Estado en el control, porque la provincia no puede poner un policía por cada hectárea, ya que el Delta tiene un millón de hectáreas. Entonces ninguna jurisdicción tiene capacidad de prevención sobre toda esa superficie”.

Multas

Por otra parte, Rodríguez Signes adelantó que la provincia modificará el régimen de multas hacia los propietarios. “Se creará un mecanismo que permita ejecutar las multas administrativamente, desde un principio, para que sean efectivamente cobradas, y no como puede suceder actualmente que se pierde en el proceso judicial”, detalló el funcionario.