La audiencia de juicio abreviado por la causa de enriquecimiento y por amenazas a un periodista y a la ministra de Salud será el 1 de julio. El dirigente acordó devolver dinero y entregar mansiones para no ir preso.
E
l ex diputado provincial José Allende ya tiene fecha para el juicio abreviado que alcanzó tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en la causa por enriquecimiento ilícito y amenazas a un periodista y a la ministra de Salud Sonia Velázquez. El trámite será el 1 de julio a las 9.
Allende firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que reconoció su crecimiento patrimonial en más de un millón de dólares, y en el marco de la condena que se le impondrá -deberá ser refrendada por los jueces Chemez, Castagno y Canepa- tendrá que entregarle al Estado provincial su mansión del Parque Urquiza (valuada en más de 700 mil dólares) y una casa de calle Laprida 152 (tasada en 378 mil dólares). También reconoció el delito de negocios incompatibles con la función pública y por eso deberá pagar una multa de $3 millones. Además, se le impondrá una pena de prisión condicional de 2 años y 8 meses y será inhabilitado de modo perpetuo para ejercer cargos públicos.
La última noticia sobre el caso fue hace poco más de una semana, cuando se conoció cómo estará conformado el tribunal que evaluará el acuerdo alcanzado entre las partes. Se supo que José María Chemez; María Carolina Castagno y Alejandro Cánepa refrendarán o no el acuerdo. Dada la jubilación de Daniel Malatesta, Cánepa ocupa ese lugar.
Tras la conformación de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el Tribunal de Juicio ya se expidió sobre la competencia de las causas en las que fue investigado Allende. Los vocales consideraron la incumbencia en todos los legajos, según consignó Análisis. Entendieron que todas las conductas que se le atribuyen al imputado involucran a sujetos y/o instituciones de especial protección constitucional.
Allende llegó a un acuerdo por tres causas: las amenazas contra el periodista Martín Carboni; contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por el enriquecimiento ilícito en el marco de sus desempeños en la administración pública.
Los vocales consideraron respecto los damnificados, que surgen estándares internacionales concretos a seguir y velar. Partes y damnificados ya fueron citados para la audiencia del 1 de julio a las 9.
Cabe señalar que el 8 de marzo de 2018, ingresó para juicio el Legajo OGA 7.436 “Allende José Ángel sobre amenazas”, contra Carboni. El 7 de junio del mismo año, el fiscal Álvaro Piérola solicitó el desafuero del entonces diputado provincial para su juzgamiento. Cuatro días después, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Nº 9, José María Chemez, dispuso la integración de un Tribunal Colegiado a los fines de tratar la solicitud. Entre los fundamentos se destacó la gravedad institucional del caso.
En ese momento, Allende ya estaba imputado por un supuesto delito de acción pública. Y había precedentes de tribunales de Juicio de la provincia. Por ejemplo en los legajos “Zarza, José Carlos y otros-coacciones agravadas reiteradas, resistencia a la autoridad, amenazas, en concurso ideal”; “Bobadilla Wense y otros-coacción agravada”; “Canosa, Juan José/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.