E

l intendente de San Jaime de la Frontera, departamento Federación, Antonio Rodríguez (PJ) y a su secretario de Obras Públicas, Alejandro Marcilli, fueron denunciados por violencia de género y laboral. La denuncia la formuló ante el juez de Paz Cristian Fernánez la empleada municipal Nuria Teresita Miño.

En su presentación, Miño relató una serie de situaciones que a su entendenr configuran violencia de género y laboral. Según publica el sitio Tal Cual Chajarí, Miño relató en su presentación que en diciembre de 2019, cuando asume el actual intendente, se le comunica que “hay cambio de gobierno y que ahora se iba a hacer lo que él decida”. La mujer había sido encargada de Obras y Servicios Públicos durante la gestión del exintendente Felipe Balcaza (Cambiemos).

Pero en la actual administración municipal, a Miño se la relevó de esa función y se le quitó un adicional salarial que percibía. En su exposición, contó una serie de situaciones de “persecución”, al punto de que “no se la dejaba levantar de su oficina para ir al baño”. El estado de estrés que atravesó la llevó a tratarse con un psicólogo de la ciudad de Federal. Dijo sentirse “permanentemente vigilada” por su condición de integrante del gremio municipal, además.El escándaloAntes de esa denuncia existió el entredicho con el titular de Obras Públicas de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera.

El acoso de Marcilli, dijo el sindicato de municiplaes en una nota que presentó el 24 de abril ante el Concejo, representa “acciones que podrían encuadrarse dentro de los enunciados dela Ley Provincial N° 9.671 de Violencia Laboral, cuyo enunciado describe que las acciones que atentan contra la integridad moral, física, psicológica y social del trabajador serán consideradas violencia y la misma considera como un agravante el ser un superior jerárquico”.

“Queremos hacer notar también que hay otras situaciones consultadas al Gremio, donde el mal trato, el avasallamiento y la prepotencia podrían estar presentes en el proceder de otros funcionarios, por lo que se hace imperiosa la necesidad de terminar con las acciones que perturban el normal funcionamiento de otras áreas y lo podrían estar sufriendo algunos trabajadores, creemos que estas podrían estar relacionadas con la comunicación, con la confusión de roles, con la poca experiencia, con el respeto al trabajador y con la adaptación a la función, lo que trae aparejado diferencias y controversias en los diferentes roles y en las acciones del trabajador al momento de prestar su función”, dice el texto de la nota que se presentó al bloque del Frente Creer Entre Ríos y también al bloque de Juntos por el Cambio.

El responsable de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad respondió a las acusaciones. “Acá, en ningún momento hay maltrato, nunca lo hice y no lo pienso hacer; pueden preguntarle al azar a cualquiera de los empleados del corralón y ellos le sabrán decir cuál es el trato que reciben de mi parte”, aseguró.

“A nadie se los está persiguiendo, acá se trabaja y en armonía, pero sucede que hay personas que han perdido privilegios y, en aras de obtener poder o vaya a saber qué cuestiones conseguir, tratan de desestabilizar a nuestro intendente”, aseveró Víctor Alejandro Marcilli.

“La lechera se acabó, o mejor dicho: acá hay un nuevo arrendatario que es Antonio Rodríguez (el intendente), quien heredó una estancia con todas las vacas flacas; entonces, que no vengan a pedir cosas, pues a veces no tenemos ni para echar combustibles a los vehículos, por eso debemos tener un poco de decoro en venir a trabajar y dejarse de sentirse aludidos o agredidos”, planteó.

"Estas personas como gremialistas no son representativas, pues sus afiliados son una mínima parte de los trabajadores municipales; apenas tienen el siete por ciento de la masa salarial de la municipalidad. Tal es así que uno de ellos (Monzón) quiso convocar a un paro pero la respuesta de los muchachos fue que acá se está trabajando bien”, agregó según recogió el sitio Miradas del Norte.