E

l fiscal a cargo de la causa conocida como “cosechadoras truchas”, Pablo Zoff, apeló el sobreseimiento dictado el viernes pasado por el juez Carlos Ríos en la causa iniciada en 2012 que investigó una supuesta estafa en perjuicio de la administración pública por el financiamiento de la construcción de cosechadoras Senor con presunto destino de exportación, nunca concretadas. 

Los imputados sobreseídos son Ricardo Vicente Senor; Ricardo Javier Senor; Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll (empresarios que fueron imputados por presunta Defraudación a la Administración Pública); Teresita Mabel López; Leandro Rodríguez (funcionarios imputados por el delito de Defraudación a la Administración Pública y Concusión); el ex ministro de Producción, Roberto Schunk y el ex ministro de Economía, Diego Enrique Valiero (funcionarios imputados por el supuesto delito de Defraudación por Administración Fraudulenta).

En los fundamentos de la apelación, el fiscal señaló el sobreseimiento no reúne la “certidumbre exigida por la ley” porque había “medidas probatorias no producidas”. Agregó que el juez “hace un recorte de los elementos de prueba para sostener una certeza negativa de falta de elementos” y deja afuera “otras pruebas” que permiten sustentar la probabilidad de los delitos. 

El fiscal recordó que, según la hipótesis acusatoria, los empresarios imputados aparentaron solvencia económica para tomar créditos millonarios del Estado. Entendió que el juez dio crédito a las declaraciones de los imputados sin mostrar cómo se sustenta esa aparente solvencia. Y agregó que no se ha logrado producir la prueba que dé crédito a los dichos de empresarios y ex funcionarios del gobierno.

“Ni siquiera se ha acreditado que exista la empresa COTRASEP”, acotó Zoff, en referencia al supuesto grupo económico que integraban los empresarios cordobeses imputados con esa firma y otra, y les permitía solvencia para responder a las obligaciones crediticias.

Zoff marcó que “el ardid en cuanto a la solvencia económica” surge también de la mención de otras empresas que integrarían el supuesto grupo económico, que descartaron ser parte.

“Existió una puesta en escena para engañar al Estado provincial y lograr la financiación promocional”, argumentó Zoff,  -parafraseando al propio juez.

En cuanto a la capacidad técnica para llevar adelante el emprendimiento, el fiscal subrayó que una de las empresas que supuestamente integraba el grupo económico de los Senor quebró antes de que se realicen los desembolsos de dinero crediticio.

En relación al perjuicio económico, el juez estimó que no ha existido porque el Instituto del Seguro pagó el 100% del capital y los intereses fueron verificados por el Fiscal de Estado en la Quiebra de GMCUSA.

"Este argumento no ha de proceder, por cuanto el delito se consuma en el momento que se causa el perjuicio, su recupero es posterior es irrelevante, al menos para la consumación; máxime en una defraudación en perjuicio de la administración pública en la que se quitó la disponibilidad del dinero al Estado provincial durante varios años, en el cual no pudo afectarlo al cumplimiento de otras políticas públicas", argumentó el fiscal.

El razonamiento, para el fiscal, "resulta tan absurdo como considerar que el delito de lesiones no se consuma por cuanto las mismas se curaron con el tiempo y la salud se reestableció”

Funcionarios

Respecto del sobreseimiento de los funcionarios políticos, el fiscal aseguró que se hizo un “análisis sesgado, sin analizar la totalidad de la prueba” y que el magistrado "entiende que su actuación fue descuidada, pero ello no configura los delitos que se les han imputado. Esta corroboración ya debe operar como indicio de la connivencia, debe ser corroborado con el resto de las pruebas”, sostuvo el agente fiscal, que antes fue juez de Instrucción de esta misma causa.

El fiscal considera que resulta acreditado que los ‘descuidos’ de los funcionarios fueron deliberados, a fin de suministrarle a la empresa los créditos que solicitaron, sin efectuar todos los controles que correspondieron.

Y recordó que el último desembolso del crédito para las cosechadoras presuntamente fraudulento, de $1.000.000 "en tiempo récord”, ocurrió “sin que nadie controlara el estado de la producción de la empresa, que a esa fecha ya afrontaba serios problemas financieros".

Este dato surge de los dichos de los testigos trabajadores y de la fecha de cesación de pagos establecida por el síndico. "Era fácilmente corroborable", advirtió el fiscal, y añadió que la empresa "ni siquiera se encontraba en condiciones de abonar la primera cuota del primer crédito que se le otorgó”.

(Fuente: Análisis)