E
l regreso al trabajo presencial en los Tribunales de Entre Ríos así como la modalidad laboral online generaron un cruce entre el Superior Tribunal de Justicia y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia. La asociación envió una nota al presidente del STJ con numerosas quejas, pero el máximo tribunal negó las afirmaciones.
El reclamo se suma a los cuestionamientos que ya había elevado, a través de su titular nacional, la asociación de trabajadores del Poder Judicial, la semana pasada.
Jueces: "se vulnera la finalidad del aislamiento"
En su nota a Martín Carbonell, la presidenta de la asociación de jueces y funcionarios, Gabriela López Arango, enumeró una serie de irregularidades, que se resumen a continuación:
- "no se han efectuado a quienes concurrieron a trabajar los necesarios controles para descartar la presencia de síntomas de contagio de COVID 19"
- "las partidas necesarias para adquirir insumos básicos de limpieza no estuvieron a disposición"
- "no fueron entregados elementos de seguridad personal básicos e indispensables a personal, jueces, juezas, secretarios y secretarias, tales como barbijos y guantes, ni mucho menos se ha recibido una capacitación oportuna y adecuada acerca de cómo manejarnos con la manipulación de papel"
- "la modalidad de teletrabajo, si bien tal vez pueda haber resultado útil en algunos casos, no puede ser impuesta ni eficazmente desarrollada si, correlativamente, no se establecen sistemas para que quienes deban cumplirlo cuenten con las condiciones indispensables a tal fin, entre otros, conexión al sistema Lex Doctor, para todos los jueces y juezas, secretarios y secretarias, etc., previa y seria capacitación del personal para poder cumplir con los requerimientos del trabajo a distancia".
- "Hemos recibido serios cuestionamientos acerca de la
imposición de que cada organismo informe a los abogadas y abogadas como número
de contacto el del celular de alguna persona del mismo. Ello los ha puesto en
la necesidad de proveer el de las líneas
particulares de los secretarios y secretarias"
- "la profusa normativa no ha impedido ni puede impedir el inevitable contacto entre las personas (que en mayor o menor cantidad) debe concurrir a trabajar a los organismos, situación que vulnera la finalidad del aislamiento"
STJ: "todas las medidas siguen lineamientos de salud"
A través de un documento firmado por su presidente, Martin Carbonell, y dirigido a la Asociación, el STJ negó las acusaciones de los jueces y respondió a cada planteo de la entidad.
- "desmintió categóricamente" que no se hayan garantizado las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud del personal judicial que se desempeñó a partir del 13 de abril y "negó enfáticamente" que se haya "expuesto a los trabajadores judiciales a un riesgo injustificado, y mucho menos haber vulnerado su derecho a trabajar en condiciones seguras".
- el
Acuerdo Especial del 8 de abril que resolvió el regreso paulatino a la presencialidad "surgió tras previa evaluación y análisis con el conjunto de los representantes de
la totalidad de los operadores del sistema, habiendo participado la Asociación sin haber
manifestado objeción alguna".
- "La totalidad de las medidas se impulsaron siguiendo los lineamientos de la médica auditora del Área de Salud Ocupacional. Además fueron confirmadas y precisadas por profesionales del Consejo de Emergencia Sanitaria de Entre Ríos"
- hubo un "desempeño presencial mínimo del personal judicial, reducido a menos del 40 por ciento de la dotación permanente, garantizándose en cada organismo un número máximo de tres personas (en 3 ambientes), permitiendo el distanciamiento sugerido, sin atención al público y con franjas horarias espaciadas para el ingreso y egreso".
- En cuanto al teletrabajo, el STJ recordó que
el 1º de abril pasado remitió a todos los organismos de la provincia una
circular instando a que indicaran los usuarios -hasta un máximo de dos- que
podrían llevar adelante la modalidad de teletrabajo. "Sólo 150 requirieron su
usuario en tiempo, habiéndose interesado otros con posterioridad, alcanzando
actualmente el número de 300 solicitudes".
"Aun así, comenzada la modalidad a puertas cerradas, de las 300 habilitaciones requeridas se corroboró diariamente la conexión simultánea de solo un tercio, aproximadamente", advirtió el STJ.
- "de ninguna manera se impuso a cada organismo que comunique al público el número de teléfono personal de algún integrante del mismo. Lo que pidió fue que el organismo suministre un celular de contacto a fin de cumplir con eventuales consultas de matriculados y público en general a través de mensajería instantánea; cuestión que fue unánimemente propuesta por los propios magistrados".
- En relación a las partidas para la adquisición de elementos de limpieza, el STJ afirmó que las transfirió a las jurisdicciones con la regularidad habitual, habiéndose duplicado su importe. No obstante, admitió que "por razones ajenas al Poder Judicial, se dificultó su percepción por la falta de atención en las sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos. Fue así que el 14 de abril se autorizó por Presidencia el giro de los importes correspondientes a las cuentas ingresos de los habilitados que prestaron su conformidad para ello".