E

l Poder Judicial se sumó a la campaña solidaria de donación de altos sueldos en el Estado entrerriano y, según anunció este miércoles el Superior Tribunal de Justicia, entre jueces y funcionarios sumaron más de 15 millones de pesos, que serán destinados a la lucha contra el coronavirus en la provincia.

La medida implementada fue el aporte voluntario del 50% del "código 01" del salario judicial, es decir el básico, excluyendo los conceptos salariales Antigüedad, Jerarquía e Intangibilidad de lo afectado por la donación. 

Aquellos jueces y funcionarios que no querían aportar debían notificarlo explicitamente. Según supo extraoficialmente INFORME DIGITAL, sólo un dos o tres por ciento no se sumó a la donación. Así, casi todos los magistrados y funcionarios aportaron.

Sin embargo, en los últimos día se conocieron algunas situaciones llamativas que se generaron a partir de la Acordada del STJ que definió el aporte voluntario.

Por un lado, a pedido de sus representados, la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango, le envió una nota al presidente del STJ, Martín Carbonell, para que los jueces que pagan impuesto a las ganancias pongan menos que los exentos.

El aporte "impactará de modo diferente en los haberes de aquellos magistrados y funcionarios a quienes se les descuenta el Impuesto a las Ganancias respecto de aquellos a quienes no se les aplica", explicó la dirigente.

Por ello, desde la entidad solicitaron que analice la posibilidad de instruir al Área Contable del Poder Judicial para que adecue el porcentaje de la mencionada contribución a fin de evitar situaciones de desigualdad económica entre nuestros asociados".

Reintegro

La otra situación extraña se produjo puertas adentro de la organización mencionada. Es que un un grupo de ocho jueces y funcionarios judiciales de categoría 1 pidieron que la Asociación de Magistrados “reintegre a los miembros que así lo soliciten el monto descontado por el Gobierno provincial y lo cobre posteriormente en cuotas sin interés”.

La respuesta, de todas formas, fue negativa. El Consejo Directivo que preside López Arango explicó que no era necesario crear una línea de crédito para dar respuesta a la solicitud de los funcionarios judiciales comprendidos en la categoría uno, que comprende a jueces y funcionarios con cargo, según consignó El Diario.

“Los créditos a que hacen referencia los asociados y asociadas mencionados se encuentran previstos en el artículo 2 del Reglamento vigente y pueden ser solicitados en la forma que allí se indica por todos quienes lo requieran, solicitud que será tratada de conformidad al artículo 5º del Reglamento", contestó la asociación.

¿Qué dicen esos artículos? El 2 establece que "los préstamos y subsidios serán solicitados por escrito por el asociado al Consejo Directivo. La Asociación podrá, con carácter excepcional y por resolución fundada y en función de la situación económica financiera de la entidad, suspender o reducir los beneficios previstos en el presente reglamento, y resolverá respecto de su aprobación o denegación, atento a la situación económica-financiera de la entidad, al tiempo de formularse la solicitud. En todo supuesto, el Consejo Directivo se reserva la facultad de aprobar solicitudes de préstamos y subsidios No Contemplados en este Reglamento cuando estén motivadas en causales cuya importancia justificara el interesado".

El 5, en tanto, indica que "en todos los casos, el Consejo Directivo se reserva la facultad de establecer un orden de prioridades para la concesión de los distintos préstamos reintegrables y subsidios no reintegrables solicitados simultáneamente por los asociados en atención al orden de presentación de las solicitudes, a la naturaleza de las prestaciones, a la concesión de anteriores beneficios al asociado; salvo casos de extrema gravedad y necesidad justificada por el asociado interesado, los que serán considerados por el Consejo Directivo".

En el comunicado de respuesta a la solicitud, la Asociación consideró "la grave situación y contexto social-económico en que se encuentra el país y nuestra provincia, como así también el carácter con que se ha dispuesto ese aporte establecido por el STJ”.