E

n medio de la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus, la Municipalidad de Victoria, que gobierna Domingo Maiocco, ordenó a un grupo de dueños de carribares y puestos de venta de la zona costanera que retiren sus estructuras en el término de 48 horas.

Ante esta decisión, más de 30 personas presentaron un recurso de amparo en la justicia para que suspenda los desalojos hasta tanto haya pasado la crisis del COVID-19 y se consensúe la relocalización.

En el recurso de amparo, señalaron que el pedido de desalojo se da cuando el gobierno nacional prohíbe de manera terminante la circulación de personas, y que ellos deberían "violar" la cuarentena para concretar el traslado de sus puestos.

Los vendedores encontraron el visto bueno a su pedido en el juez José Alejandro Calleja, a cargo del juzgado de Transición y Garantías de Victoria durante el receso extraordinario por la emergencia sanitaria.

El magistrado ordenó que el intendente Domingo Maiocco en el plazo de tres días "informe sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y en caso afirmativo la razón en que se funda su actitud".

Mientras se espera la argumentación de Maiocco, el juez resolvió "hacer lugar a la medida cautelar de no innovar, hasta tanto "se evalúe la contestación" del intendente.

El magistrado, en cambio, no hizo lugar a uno de los puntos del petitorio de los vendedores, que solicitaba que se corra vista a la Fiscalía local para que analice la "posible comisión de delitos" y  la "posible necesidad de tener que salir nosotros a romper la cuarentena por esta disposición municipal".

Maiocco deberá explicar "con exactitud" porqué quiere echar a los vendedores.

El juez consideró que ese planteo "no corresponde en el presente trámite, sin perjuicio que el interesado ocurra por la vía pertinente".

La respuesta del juez