E

l Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), en Acuerdo Especial, dispuso este martes por unanimidad que hasta el 30 de junio de 2020 no se active el mecanismo previsto en el artículo 1º) de la Ley 10.068, conocida como Ley de Engache, porque ata los aumentos salariales en la Justicia provincial a los dispuestos por la Corte Suprema.

La medida se implementó "considerando la situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos y a la Nación", indica el parte de prensa oficial enviado a INFORME DIGITAL.

La decisión se adopta, a su vez, a días de que el gobernador Gustavo Bordet haya hablado ante la Asamblea Legislativa -y en presencia de integrantes del STJ- de "privilegios, inequidades y desigualdades" en el régimen jubilatorio de la provincia, además de convocar a un debate "multisectorial" para dar "sustentabilidad" al sistema.

Luego de conocerse el anuncio de Tribunales, el gobernador saludó la decisión del STJ en las redes sociales.

En #EntreRíos venimos haciendo un gran esfuerzo para reducir el gasto y volcar esos recursos a los sectores que más lo necesitan. Por eso logramos el mayor aumento salarial del país, de un 57,6%, por encima de la inflación, asistiendo también a la población más vulnerable.

— Gustavo Bordet (@bordet) February 18, 2020

Enganche nacional

El ámbito judicial se encuentra regido por la Ley 10.068, normativa que se plasmó en el año 2011, luego de la conformación de una comisión integrada por vocales del STJ, titulares de los Ministerios Públicos, representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y de la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos.

De esa avanzada resultó instituido que a las remuneraciones de la Justicia entrerriana se les aplicara en forma automática todo incremento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes de la Justicia nacional.

Los integrantes del STJ, pese al congelamiento, entendieron que "resulta fundamental defender la vigencia" de la Ley de Enganche.

Por tal motivo se consensuó "sostener en forma unánime la defensa irrestricta del sistema salarial del Poder Judicial de Entre Ríos que consagra la referida ley".

El Acuerdo Especial lleva las firmas del presidente del STJ, Martín Carbonell; del vicepresidente, Germán Reynaldo Carlomagno; y de los vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Claudia Mizawak, Emilio Castrillón, Juan Ramón Smaldone y Miguel Ángel Giorgio.

Escalas

El año pasado, a raíz de un pedido de acceso a la información pública del sitio Página Judicial, pudieron conocerse las escalas salariales de jueces, fiscales y defensores oficiales en Entre Ríos, desde sus respectivas cúpulas hasta auxiliares y secretarios de cada área.

Así pudo saberse que los vocales de la provincia cobraban, en neto, $272.984,86, a lo que hay que sumar adicionales y antigüedad; vocales de cámaras de Apelaciones $245.686,38; jueces de primera instancia $232.037,13; y secretarios de primera instancia $185.629,71, entre otros.

Días antes se había conocido que el Procurador General percibía un salario nominal de $547.955,06, que luego de los descuentos deriva en un neto de $289.887,83; las dos fiscales generales $383.058,53 y $358.815,27; coordinadores entre $230.476,11 y $340.378,95, entre otros cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

Justo un mes después, la Corte aplicó una suba de 10% y el Enganche aumentó estos salarios en Entre Ríos. Ahora, tras la decisión del STJ, al menos hasta el 30 de junio se mantendrán en los mismos montos.